Carlos A. Mendoza
Los linchamientos no ocurren solamente en Guatemala. Como lo muestra este video de YouTube tomado de un noticiero ecuatoriano. El hecho ocurre en una comunidad indígena y se presenta como una forma de castigo tradicional propio de la comunidad.
26 February 2008
Linchamientos en YouTube
Carlos A. Mendoza
Revisando YouTube me he encontrado con algunos materiales interesantes.
En este se explora el caso del Juez Alvaro Hugo Martínez, asesinado por una turba en Senahú, Alta Verapaz (2001). En el video la vocera de MINUGUA resume las causas de los linchamientos, según la Misión: pobreza, conflicto armado, falta de actuación de la Policía y cultura de la violencia. (Duración 7:35 min)
Este video es la continuación del otro. Aquí se dice que el desconocimiento del proceso legal también es una causa de los linchamientos. (Duración 5:22 min)
Revisando YouTube me he encontrado con algunos materiales interesantes.
En este se explora el caso del Juez Alvaro Hugo Martínez, asesinado por una turba en Senahú, Alta Verapaz (2001). En el video la vocera de MINUGUA resume las causas de los linchamientos, según la Misión: pobreza, conflicto armado, falta de actuación de la Policía y cultura de la violencia. (Duración 7:35 min)
Este video es la continuación del otro. Aquí se dice que el desconocimiento del proceso legal también es una causa de los linchamientos. (Duración 5:22 min)
23 February 2008
Autoridad en entredicho
Editorial Siglo XXI (23 feb 08)
Los enfrentamientos entre pobladores y PNC ocurridos en Sololá e Izabal son un reto al Estado de derecho que no se debe permitir.
Recuperar la imagen de autoridad y convencer a los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas del Gobierno.
Para los responsables de la seguridad pública, tener que enfrentarse con poblaciones enardecidas que cada vez demuestran menos respeto a la autoridad, se ha convertido en otro más de los constantes retos que deben enfrentar en su propósio de mantener la tranquilidad ciudadana. El principal problema es que cada vez tienen menos éxito en esa empresa.
Los hechos ocurridos esta semana en lugares de Sololá y Puerto Barrios, demuestran una pérdida de credibilidad creciente en la Policía Nacional Civil (PNC) por parte de las comunidades del interior y por ende, se enfrenta a graves dificultades para ejercer sus responsabilidades.
En el primer caso, desde el sábado anterior se habían producido incidentes cuando una multitud se enfrentó a la Policía, quemó 3 vehículos y atacó las sedes de 2 dependencias estatales, en demanda de la entrega de 4 supuestos secuestradores que habían sido aprehendidos. Pero los acontecimientos se salieron de control el miércoles, cuando cientos de sololatecos esperaban la visita del Ministro de Gobernación y del Director de la PNC, pero al no presentarse, tuvieron el pretexto para protagonizar disturbios que condujeron a un enfrentamiento entre fuerzas del orden y vecinos, con saldo de tres inmuebles incendiados y varias personas heridas.
Por si no fuera suficiente, en la aldea La Lámpara, cerca a Lívingston, en Izabal, varias decenas de agentes policiales, entre quienes se encontraba también el jefe de la Comisaría de Puerto Barrios, fueron retenidos en calidad de rehenes por una turba que exigía la liberación de uno de sus supuestos líderes.
Hechos similares han ocurrido en otros lugares conflictivos. Días atrás, por ejemplo, cinco comunidades de San Juan Sacatepéquez suscribieron un curioso documento con representantes de Gobernación, por medio del cual fijaron las reglas de juego para efectuar detenciones, lo cual incluye autorización previa de los grupos organizados de vecinos para que ingrese la PNC.
Por lo visto, el reto para las autoridades se hace más grande, porque no será posible ejercer la función de seguridad, mientras la Policía tenga que pedir permiso para llegar a imponer orden o, peor aún, si los ciudadanos reaccionan con violaciones flagrantes al Estado de derecho cada vez que ocurren acciones con las que no están de acuerdo.
La recuperación de la imagen de autoridad y la convicción de los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas impostergables para el Gobierno. Urge contar con una Policía que sirva para los fines que fue creada.
Los enfrentamientos entre pobladores y PNC ocurridos en Sololá e Izabal son un reto al Estado de derecho que no se debe permitir.
Recuperar la imagen de autoridad y convencer a los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas del Gobierno.
Para los responsables de la seguridad pública, tener que enfrentarse con poblaciones enardecidas que cada vez demuestran menos respeto a la autoridad, se ha convertido en otro más de los constantes retos que deben enfrentar en su propósio de mantener la tranquilidad ciudadana. El principal problema es que cada vez tienen menos éxito en esa empresa.
Los hechos ocurridos esta semana en lugares de Sololá y Puerto Barrios, demuestran una pérdida de credibilidad creciente en la Policía Nacional Civil (PNC) por parte de las comunidades del interior y por ende, se enfrenta a graves dificultades para ejercer sus responsabilidades.
En el primer caso, desde el sábado anterior se habían producido incidentes cuando una multitud se enfrentó a la Policía, quemó 3 vehículos y atacó las sedes de 2 dependencias estatales, en demanda de la entrega de 4 supuestos secuestradores que habían sido aprehendidos. Pero los acontecimientos se salieron de control el miércoles, cuando cientos de sololatecos esperaban la visita del Ministro de Gobernación y del Director de la PNC, pero al no presentarse, tuvieron el pretexto para protagonizar disturbios que condujeron a un enfrentamiento entre fuerzas del orden y vecinos, con saldo de tres inmuebles incendiados y varias personas heridas.
Por si no fuera suficiente, en la aldea La Lámpara, cerca a Lívingston, en Izabal, varias decenas de agentes policiales, entre quienes se encontraba también el jefe de la Comisaría de Puerto Barrios, fueron retenidos en calidad de rehenes por una turba que exigía la liberación de uno de sus supuestos líderes.
Hechos similares han ocurrido en otros lugares conflictivos. Días atrás, por ejemplo, cinco comunidades de San Juan Sacatepéquez suscribieron un curioso documento con representantes de Gobernación, por medio del cual fijaron las reglas de juego para efectuar detenciones, lo cual incluye autorización previa de los grupos organizados de vecinos para que ingrese la PNC.
Por lo visto, el reto para las autoridades se hace más grande, porque no será posible ejercer la función de seguridad, mientras la Policía tenga que pedir permiso para llegar a imponer orden o, peor aún, si los ciudadanos reaccionan con violaciones flagrantes al Estado de derecho cada vez que ocurren acciones con las que no están de acuerdo.
La recuperación de la imagen de autoridad y la convicción de los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas impostergables para el Gobierno. Urge contar con una Policía que sirva para los fines que fue creada.
Los vigilantes de San Juan
Por Gabriel Aguilera Peralta
elPeriódico (23 feb 08)
Conté lo que pasaba en San Juan Sacatepéquez en una reunión en Washington. Mis oyentes se sorprendieron al máximo, el representante del BID preguntó qué hacían las autoridades ante los grupos de vigilantes que impusieron el toque de queda con pena de muerte.
Tuve que contestarle que había denuncias en los medios de comunicación, pero no acción de las autoridades.
Lo acaecido en San Juan es un síntoma de “Estado fallido”. El Estado, perdiendo control territorial, ausentándose de un espacio, que en este caso pasa a ser disputado entre las maras y grupos de vigilantes, que ejercen una terrible justicia propia.
Por eso estoy de acuerdo con las medidas anunciadas por el Presidente y el Ministro de Gobernación en cuanto a recuperar el control de ese municipio. La participación ciudadana en seguridad preventiva es necesaria y debe incentivarse, pero no en la forma de “vigilantismo”, que es la sustitución del ejercicio de seguridad que pertenece al Estado por grupos privados que incurren en violaciones a los derechos humanos.
Para evitar ese fenómeno, que se está dando en varias partes del país, el Estado debe estar en condiciones de garantizar la seguridad ciudadana. Si no lo hace, la percepción de la amenaza de la violencia criminal en la ciudadanía empuja a soluciones y a la formación de pensamiento autoritario.
Un ejemplo de ello es la reciente decisión del Congreso de restablecer el derecho al indulto presidencial en los casos de pena de muerte, lo que de hecho restablece esa sanción que estaba en suspenso desde hace siete años.
No hay evidencias de que la pena de muerte sea realmente un disuasivo y ese tipo de sanción es fuertemente adversado en la cultura occidental, particularmente por la Unión Europea con quien estamos, como parte de Centroamérica, en negociaciones para un Acuerdo de Asociación que incluye un diálogo político, parte del cual son consideraciones sobre derechos humanos.
Sin embargo, la decisión en el Congreso contó con una abrumadora mayoría como reflejo del endurecimiento del pensamiento sobre seguridad, en sentido contrario al concepto sobre seguridad democrática que forma parte de los Acuerdos de Paz y del Tratado Marco de Seguridad Democrática.
Solamente en la medida que mejore la situación de seguridad y la confianza en la capacidad estatal de proteger personas y bienes va retroceder el pensamiento autoritario. De allí que es importante la recuperación de San Juan Sacatepéquez para que el Estado de Derecho tenga éxito.
elPeriódico (23 feb 08)
Conté lo que pasaba en San Juan Sacatepéquez en una reunión en Washington. Mis oyentes se sorprendieron al máximo, el representante del BID preguntó qué hacían las autoridades ante los grupos de vigilantes que impusieron el toque de queda con pena de muerte.
Tuve que contestarle que había denuncias en los medios de comunicación, pero no acción de las autoridades.
Lo acaecido en San Juan es un síntoma de “Estado fallido”. El Estado, perdiendo control territorial, ausentándose de un espacio, que en este caso pasa a ser disputado entre las maras y grupos de vigilantes, que ejercen una terrible justicia propia.
Por eso estoy de acuerdo con las medidas anunciadas por el Presidente y el Ministro de Gobernación en cuanto a recuperar el control de ese municipio. La participación ciudadana en seguridad preventiva es necesaria y debe incentivarse, pero no en la forma de “vigilantismo”, que es la sustitución del ejercicio de seguridad que pertenece al Estado por grupos privados que incurren en violaciones a los derechos humanos.
Para evitar ese fenómeno, que se está dando en varias partes del país, el Estado debe estar en condiciones de garantizar la seguridad ciudadana. Si no lo hace, la percepción de la amenaza de la violencia criminal en la ciudadanía empuja a soluciones y a la formación de pensamiento autoritario.
Un ejemplo de ello es la reciente decisión del Congreso de restablecer el derecho al indulto presidencial en los casos de pena de muerte, lo que de hecho restablece esa sanción que estaba en suspenso desde hace siete años.
No hay evidencias de que la pena de muerte sea realmente un disuasivo y ese tipo de sanción es fuertemente adversado en la cultura occidental, particularmente por la Unión Europea con quien estamos, como parte de Centroamérica, en negociaciones para un Acuerdo de Asociación que incluye un diálogo político, parte del cual son consideraciones sobre derechos humanos.
Sin embargo, la decisión en el Congreso contó con una abrumadora mayoría como reflejo del endurecimiento del pensamiento sobre seguridad, en sentido contrario al concepto sobre seguridad democrática que forma parte de los Acuerdos de Paz y del Tratado Marco de Seguridad Democrática.
Solamente en la medida que mejore la situación de seguridad y la confianza en la capacidad estatal de proteger personas y bienes va retroceder el pensamiento autoritario. De allí que es importante la recuperación de San Juan Sacatepéquez para que el Estado de Derecho tenga éxito.
Un peligroso vacío de poder
elEditorial de elPeriódico (23 feb 08)
Unos 1,500 campesinos de 26 comunidades de Livingston, Izabal mantenían ayer secuestrados a 29 miembros de la Policía Nacional Civil, PNC, como una medida de presión para obtener la libertad de su “líder” Ramiro Choc, capturado el 14 de febrero en curso bajo la sindicación de haber cometido los delitos de usurpación agravada, robo agravado y detención ilegal.
Tales hechos ocurrían a pocas horas de que una concentración de vecinos de Sololá, en rechazo a la ola de secuestros que está afectando a tal departamento, culminó en violentos disturbios callejeros, cuando los pobladores arremetieron contra la Policía Nacional Civil local e incendiaron cuatro inmuebles, supuestamente pertenecientes a una banda de plagiarios.
Ambos sucesos claramente ilegales señalan la deficiencia que muestran las fuerzas de seguridad ante la escalada delictiva, lo cual hace que nuestros connacionales sigan optando por el procedimiento antijurídico de pretender hacerse justicia por su propia mano. La falta de autoridad en los departamentos se agudizó en los últimos años. El proceso de paz condujo a un repliegue de las fuerzas de seguridad, originando en muchas poblaciones un peligroso vacío de poder que ha sido aprovechado por delincuentes y maleantes.
Creemos que el Gobierno debe hacer un rápido esfuerzo para que tan anómala situación sea superada, pues las autoridades del Estado deben cumplir con su obligación constitucional de mantener el orden y la tranquilidad en todo el territorio nacional.
El pueblo de Guatemala sigue esperando que el Gobierno de la República le restituya la seguridad pública a que tiene derecho. Los repetidos hechos de violencia colectiva que están ocurriendo en el interior del país están rompiendo deleznablemente las reglas del juego de nuestra convivencia civilizada. Con razón la representante especial del Secretariado General de las Naciones Unidas, Hina Jilani, tras una visita de observación a nuestro país ha concluido en que “la justicia es una palabra vacía en Guatemala”.
Unos 1,500 campesinos de 26 comunidades de Livingston, Izabal mantenían ayer secuestrados a 29 miembros de la Policía Nacional Civil, PNC, como una medida de presión para obtener la libertad de su “líder” Ramiro Choc, capturado el 14 de febrero en curso bajo la sindicación de haber cometido los delitos de usurpación agravada, robo agravado y detención ilegal.
Tales hechos ocurrían a pocas horas de que una concentración de vecinos de Sololá, en rechazo a la ola de secuestros que está afectando a tal departamento, culminó en violentos disturbios callejeros, cuando los pobladores arremetieron contra la Policía Nacional Civil local e incendiaron cuatro inmuebles, supuestamente pertenecientes a una banda de plagiarios.
Ambos sucesos claramente ilegales señalan la deficiencia que muestran las fuerzas de seguridad ante la escalada delictiva, lo cual hace que nuestros connacionales sigan optando por el procedimiento antijurídico de pretender hacerse justicia por su propia mano. La falta de autoridad en los departamentos se agudizó en los últimos años. El proceso de paz condujo a un repliegue de las fuerzas de seguridad, originando en muchas poblaciones un peligroso vacío de poder que ha sido aprovechado por delincuentes y maleantes.
Creemos que el Gobierno debe hacer un rápido esfuerzo para que tan anómala situación sea superada, pues las autoridades del Estado deben cumplir con su obligación constitucional de mantener el orden y la tranquilidad en todo el territorio nacional.
El pueblo de Guatemala sigue esperando que el Gobierno de la República le restituya la seguridad pública a que tiene derecho. Los repetidos hechos de violencia colectiva que están ocurriendo en el interior del país están rompiendo deleznablemente las reglas del juego de nuestra convivencia civilizada. Con razón la representante especial del Secretariado General de las Naciones Unidas, Hina Jilani, tras una visita de observación a nuestro país ha concluido en que “la justicia es una palabra vacía en Guatemala”.
22 February 2008
Pobladores de Izabal secuestran a 29 policías
Por Luis Angel Sas
elPeriódico (22 feb 08)
Un grupo de 29 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos un comisario policíaco y una mujer, fueron secuestrados por pobladores de Livingston, Izabal, como medida de protesta por la captura de uno de sus líderes.
Los policías fueron llevados a una aldea llamada Creek Maya, a 22 kilómetros de Livingston (para llegar al lugar se debe realizar un recorrido en lancha durante 45 minutos y caminar 30 minutos por el bosque).
Las autoridades enviaron al lugar un grupo élite de agentes para tratar de liberar a los policías; sin embargo, hasta anoche no habían actuado.
El jueves 14 de febrero fue capturado Ramiro Choc, por orden de un juzgado de Izabal, por los delitos de depredación de la Bios-fera Maya, daños a la propiedad privada y pública, usurpación y robo agravado. Aunque al principio se decidió que este quedaría recluido en una cárcel local, la PNC recibió informes que sus seguidores lo tratarían de liberar, por lo que lo trasladaron al Centro Preventivo de la zona 18.
Quema de juzgado
La PNC recibió información que un grupo de campesinos quemaría el juzgado en protesta, por lo que enviaron a 14 agentes para que cuidaran la judicatura. Sin embargo, un grupo aproximado de mil pobladores los tomaron como rehenes. Después llegó otro grupo de 15 agentes, quienes también fueron secuestrados. El vocero del Ministerio de Gobernación, Ricardo Gatica, expresó que los policías no se resistieron, para evitar una matanza. “Decidieron ceder y usaron el sentido común”, dijo Gatica.
El viceministro de Gobernación, Edgar Hernández, indicó que se intentará dialogar con la población para que entreguen a los policías, pero señaló que no pueden liberar a Choc, tal y como lo solicitan los inconformes, porque el caso está en manos del juzgado.
elPeriódico (22 feb 08)
Un grupo de 29 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos un comisario policíaco y una mujer, fueron secuestrados por pobladores de Livingston, Izabal, como medida de protesta por la captura de uno de sus líderes.
Los policías fueron llevados a una aldea llamada Creek Maya, a 22 kilómetros de Livingston (para llegar al lugar se debe realizar un recorrido en lancha durante 45 minutos y caminar 30 minutos por el bosque).
Las autoridades enviaron al lugar un grupo élite de agentes para tratar de liberar a los policías; sin embargo, hasta anoche no habían actuado.
El jueves 14 de febrero fue capturado Ramiro Choc, por orden de un juzgado de Izabal, por los delitos de depredación de la Bios-fera Maya, daños a la propiedad privada y pública, usurpación y robo agravado. Aunque al principio se decidió que este quedaría recluido en una cárcel local, la PNC recibió informes que sus seguidores lo tratarían de liberar, por lo que lo trasladaron al Centro Preventivo de la zona 18.
Quema de juzgado
La PNC recibió información que un grupo de campesinos quemaría el juzgado en protesta, por lo que enviaron a 14 agentes para que cuidaran la judicatura. Sin embargo, un grupo aproximado de mil pobladores los tomaron como rehenes. Después llegó otro grupo de 15 agentes, quienes también fueron secuestrados. El vocero del Ministerio de Gobernación, Ricardo Gatica, expresó que los policías no se resistieron, para evitar una matanza. “Decidieron ceder y usaron el sentido común”, dijo Gatica.
El viceministro de Gobernación, Edgar Hernández, indicó que se intentará dialogar con la población para que entreguen a los policías, pero señaló que no pueden liberar a Choc, tal y como lo solicitan los inconformes, porque el caso está en manos del juzgado.
21 February 2008
Sololá: Vecinos reclaman con violencia
Por Edgar Rene Saénz y Oscar Figueroa
Prensa Libre (21 feb 08)
Lo que ayer comenzó como una concentración pacífica, en rechazo a la ola de secuestros que afecta a este departamento, terminó en disturbios cuando un grupo de pobladores arremetió contra la Policía e incendió cuatro inmuebles, a cuyos propietarios señalan de pertenecer a la banda de plagiarios denominada los Noj.
A las 8 horas, miles de vecinos de aquella cabecera departamental y de municipios aledaños empezaron a reunirse, luego de que, días antes, los 59 alcaldes auxiliares convocaran a una concentración en el estadio Xamba.
Una hora más tarde, tanto éstos como vecinos y el alcalde indígena José María Julajuj asistieron a la concentración masiva, a la que fueron invitados el jefe edilicio de la cabecera, Pedro Saloj Quisquiná; la gobernadora departamental, Elena Yojcom Ujpán, y representantes de la Policía, del Ministerio Público y del Organismo Judicial.
Denuncian a secuestradores
Los dirigentes indígenas les entregaron a las autoridades un memorial en el que exigen la captura de los supuestos autores de al menos 15 secuestros en lo que va del año.
Identificaron como autores de esos delitos a Juan Yaxón Zerat, alias Chatarra; José Daniel Samines Baquín, Mono; José Zet Solís, Joz; Alex Ben Chiroy, Chuky; Nicolás Bocel, Denis Rodríguez Sapón, Juan José Noj Chiroy y Ricardo Noj Cuxulic, presunto líder de la banda.
Los manifestantes les fijaron un plazo de 30 días a las autoridades para que investiguen a esas personas y ordenen su captura; de lo contrario, advirtieron que tomarán la justicia por mano propia.
La gobernadora intentó hablar con los vecinos, pero éstos se lo impidieron y la abuchearon.
De armas tomar
Al mediodía, la mayoría de pobladores empezaba a retornar a sus comunidades, pues dieron por terminada la concentración; sin embargo, otro grupo, inconforme por la pasividad de las autoridades, que no pusieron atención a sus demandas, decidió actuar.
Comienzan los disturbios
A las 14 horas, los descontentos enfilaron hacia el Bar Internacional El Paso, propiedad de Noj Cuxulic. Este negocio había sido rechazado por la población desde su apertura.
El local estaba cerrado, por lo que los vecinos violentaron la puerta, lo saquearon y lo quemaron. Otro grupo se dirigió a la casa de la familia Noj, ubicada en el barrio El Calvario; a la de Rodríguez Sapón, en el barrio San Bartolo, y a la de los presuntos plagiarios, a las cuales prendieron fuego. Además quemaron un vehículo y dos motocicletas.
La PNC lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los revoltosos, pero la cantidad de agentes fue insuficiente para lograr ese objetivo, pues aquellos les lanzaron piedras, palos y otros objetos. Varios policías y vecinos resultaron heridos. Fueron capturadas 16 personas, que horas después salieron libres. Los Bomberos Voluntarios auxiliaron a varios pobladores intoxicados o con crisis nerviosa.
Entrada la noche, la calma había vuelto a la ciudad, y la Policía, retomado el control. Se desconoce el paradero de los supuestos secuestradores.
Prensa Libre (21 feb 08)
Lo que ayer comenzó como una concentración pacífica, en rechazo a la ola de secuestros que afecta a este departamento, terminó en disturbios cuando un grupo de pobladores arremetió contra la Policía e incendió cuatro inmuebles, a cuyos propietarios señalan de pertenecer a la banda de plagiarios denominada los Noj.
A las 8 horas, miles de vecinos de aquella cabecera departamental y de municipios aledaños empezaron a reunirse, luego de que, días antes, los 59 alcaldes auxiliares convocaran a una concentración en el estadio Xamba.
Una hora más tarde, tanto éstos como vecinos y el alcalde indígena José María Julajuj asistieron a la concentración masiva, a la que fueron invitados el jefe edilicio de la cabecera, Pedro Saloj Quisquiná; la gobernadora departamental, Elena Yojcom Ujpán, y representantes de la Policía, del Ministerio Público y del Organismo Judicial.
Denuncian a secuestradores
Los dirigentes indígenas les entregaron a las autoridades un memorial en el que exigen la captura de los supuestos autores de al menos 15 secuestros en lo que va del año.
Identificaron como autores de esos delitos a Juan Yaxón Zerat, alias Chatarra; José Daniel Samines Baquín, Mono; José Zet Solís, Joz; Alex Ben Chiroy, Chuky; Nicolás Bocel, Denis Rodríguez Sapón, Juan José Noj Chiroy y Ricardo Noj Cuxulic, presunto líder de la banda.
Los manifestantes les fijaron un plazo de 30 días a las autoridades para que investiguen a esas personas y ordenen su captura; de lo contrario, advirtieron que tomarán la justicia por mano propia.
La gobernadora intentó hablar con los vecinos, pero éstos se lo impidieron y la abuchearon.
De armas tomar
Al mediodía, la mayoría de pobladores empezaba a retornar a sus comunidades, pues dieron por terminada la concentración; sin embargo, otro grupo, inconforme por la pasividad de las autoridades, que no pusieron atención a sus demandas, decidió actuar.
Comienzan los disturbios
A las 14 horas, los descontentos enfilaron hacia el Bar Internacional El Paso, propiedad de Noj Cuxulic. Este negocio había sido rechazado por la población desde su apertura.
El local estaba cerrado, por lo que los vecinos violentaron la puerta, lo saquearon y lo quemaron. Otro grupo se dirigió a la casa de la familia Noj, ubicada en el barrio El Calvario; a la de Rodríguez Sapón, en el barrio San Bartolo, y a la de los presuntos plagiarios, a las cuales prendieron fuego. Además quemaron un vehículo y dos motocicletas.
La PNC lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los revoltosos, pero la cantidad de agentes fue insuficiente para lograr ese objetivo, pues aquellos les lanzaron piedras, palos y otros objetos. Varios policías y vecinos resultaron heridos. Fueron capturadas 16 personas, que horas después salieron libres. Los Bomberos Voluntarios auxiliaron a varios pobladores intoxicados o con crisis nerviosa.
Entrada la noche, la calma había vuelto a la ciudad, y la Policía, retomado el control. Se desconoce el paradero de los supuestos secuestradores.
Vecinos ocasionan daños durante disturbios en Sololá
Por Lucía Escobar
elPeriódico (21 feb 08)
La cabecera departamental de Sololá se convirtió en escenario de disturbios ayer, como consecuencia de una manifestación convocada a ser pacífica, pero que luego se salió de control.
Habitantes exigen un alto a los actos criminales suscitados en el municipio, entre los que se cuentan al menos diez secuestros en lo que va del año.
Hace algunas semanas comenzaron a circular panfletos en los que se advertía a las autoridades judiciales que, de no actuar, el pueblo arremetería contra diez personas, acusadas de cometer hechos ilícitos.
El sábado se suscitó un supuesto secuestro, cuyos implicados fueron detenidos por pobladores para luego ser rescatados por la Policía Nacional Civil (PNC). Se ocasionaron daños al edificio de la Gobernación Departamental, además de la quema de tres vehículos.
Al día siguiente derribaron árboles en los accesos a la ciudad, impidiendo el paso vehicular, y autoridades de la Municipalidad, la Alcaldía Indígena y la Auxiliatura de los Derechos Humanos anunciaron que las medidas se depondrían hasta ayer miércoles, día en que se realizó una asamblea general.
Durante la reunión, representantes de Cocodes y de la sociedad civil expusieron sus demandas. Se presentó un memorial en el que se exige a las autoridades una efectiva actuación en sus deberes, y se enfatizó en la necesidad de actuar de forma pacífica.
Al mediodía, una parte de los concurrentes se dirigió al negocio El Paso Internacional, propiedad de Ricardo Noj, uno de los sindicados de integrar una banda que, además de secuestros, se dedica a las extorsiones. El local fue incendiado, así como las residencias de otros dos acusados , un automóvil y una moto. La turba apedreó la subestación 72 11, de la PNC de dicha cabecera, y a periodistas de Radio Magia de Sololá, quienes además fueron expuestos a detonaciones de explosivos caseros.
Restaurantes y comercios de Panajachel cerraron ayer por la tarde, ante la amenaza de habitantes de Sololá de bajar a liberar a manifestantes detenidos por la PNC y recluidos en la cárcel de dicho sitio turístico. Estos fueron liberados posteriormente. se rumoreaba que la turba quemaría negocios y casas de los involucrados. Sin embargo, nada de esto sucedió. Marcelino Ajcabul, director departamental del Ministerio de Educación de Sololá, suspendió las clases en el área.
elPeriódico (21 feb 08)
La cabecera departamental de Sololá se convirtió en escenario de disturbios ayer, como consecuencia de una manifestación convocada a ser pacífica, pero que luego se salió de control.
Habitantes exigen un alto a los actos criminales suscitados en el municipio, entre los que se cuentan al menos diez secuestros en lo que va del año.
Hace algunas semanas comenzaron a circular panfletos en los que se advertía a las autoridades judiciales que, de no actuar, el pueblo arremetería contra diez personas, acusadas de cometer hechos ilícitos.
El sábado se suscitó un supuesto secuestro, cuyos implicados fueron detenidos por pobladores para luego ser rescatados por la Policía Nacional Civil (PNC). Se ocasionaron daños al edificio de la Gobernación Departamental, además de la quema de tres vehículos.
Al día siguiente derribaron árboles en los accesos a la ciudad, impidiendo el paso vehicular, y autoridades de la Municipalidad, la Alcaldía Indígena y la Auxiliatura de los Derechos Humanos anunciaron que las medidas se depondrían hasta ayer miércoles, día en que se realizó una asamblea general.
Durante la reunión, representantes de Cocodes y de la sociedad civil expusieron sus demandas. Se presentó un memorial en el que se exige a las autoridades una efectiva actuación en sus deberes, y se enfatizó en la necesidad de actuar de forma pacífica.
Al mediodía, una parte de los concurrentes se dirigió al negocio El Paso Internacional, propiedad de Ricardo Noj, uno de los sindicados de integrar una banda que, además de secuestros, se dedica a las extorsiones. El local fue incendiado, así como las residencias de otros dos acusados , un automóvil y una moto. La turba apedreó la subestación 72 11, de la PNC de dicha cabecera, y a periodistas de Radio Magia de Sololá, quienes además fueron expuestos a detonaciones de explosivos caseros.
Restaurantes y comercios de Panajachel cerraron ayer por la tarde, ante la amenaza de habitantes de Sololá de bajar a liberar a manifestantes detenidos por la PNC y recluidos en la cárcel de dicho sitio turístico. Estos fueron liberados posteriormente. se rumoreaba que la turba quemaría negocios y casas de los involucrados. Sin embargo, nada de esto sucedió. Marcelino Ajcabul, director departamental del Ministerio de Educación de Sololá, suspendió las clases en el área.
18 February 2008
Sigue la tensión en Sololá
Por Edgar Rene Saenz
Prensa Libre (18 feb 08)
Pobladores de Sololá bloquearon durante seis horas los accesos hacia la cabecera , mientras otros verificaban si la Policía había capturado a algún vecino en la protesta contra la ola de secuestros, que terminó en disturbios, la tarde del sábado.
Los inconformes bloquearon ayer las principales entradas a esa cabecera departamental, a partir de las 9 horas, ya que, supuestamente, la PNC había retenido a unos 30 pobladores que participaron en las protestas del día anterior.
A las 15 horas, los vecinos despejaron el paso, luego de comprobar que no había ningún habitante detenido.
Roberto Vega, encargado de la Comisaría 72 de Sololá, informó que se integró una comisión con el alcalde Pedro Saloj Quisquina; José María Julajuj, alcalde indígena, y otros líderes comunitarios, para convencer a la población de que depusiera su actitud.
La reunión se efectuó en la comunidad Santa María El Tablón, con la presencia de unas dos mil 500 personas. Los pobladores se quejan de supuesta complicidad de la Policía con malhechores.
La protesta del sábado dejó tres autos quemados y daños a las sedes policial y de Gobernación.
Prensa Libre (18 feb 08)
Pobladores de Sololá bloquearon durante seis horas los accesos hacia la cabecera , mientras otros verificaban si la Policía había capturado a algún vecino en la protesta contra la ola de secuestros, que terminó en disturbios, la tarde del sábado.
Los inconformes bloquearon ayer las principales entradas a esa cabecera departamental, a partir de las 9 horas, ya que, supuestamente, la PNC había retenido a unos 30 pobladores que participaron en las protestas del día anterior.
A las 15 horas, los vecinos despejaron el paso, luego de comprobar que no había ningún habitante detenido.
Roberto Vega, encargado de la Comisaría 72 de Sololá, informó que se integró una comisión con el alcalde Pedro Saloj Quisquina; José María Julajuj, alcalde indígena, y otros líderes comunitarios, para convencer a la población de que depusiera su actitud.
La reunión se efectuó en la comunidad Santa María El Tablón, con la presencia de unas dos mil 500 personas. Los pobladores se quejan de supuesta complicidad de la Policía con malhechores.
La protesta del sábado dejó tres autos quemados y daños a las sedes policial y de Gobernación.
17 February 2008
Disturbios en Sololá, por ola de secuestros
Por Edgar Rene Saenz
Prensa Libre (17 feb 2008)
Vecinos de Sololá se enfrentaron ayer con agentes de la Policía Nacional Civil, y quemaron tres autos, durante una protesta contra el alto número de secuestros perpetrados en la zona y la falta de acciones de los agentes para capturar a sospechosos.
En lo que va del año, al menos una decena de personas han sido secuestradas en Sololá, y ayer, el rumor de que se había cometido un nuevo plagio alteró los ánimos de los pobladores.
Éstos se concentraron frente a la subestación de la Policía, para conocer del caso e indagar si habían sido detenidos los culpables. Al no recibir respuesta de las autoridades, empezaron los enfrentamientos.
Los inconformes prendieron fuego a tres vehículos que estaban parqueados en la zona, por lo que la Policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos, para disolver a la turba, que también dañó la sede de la Gobernación Departamental.
La queja común de los pobladores es que las personas que cometen los secuestros han sido identificadas, pero la Policía no las captura, por lo que suponen que los agentes están vinculados con las bandas delincuenciales.
Los Bomberos Voluntarios tuvieron que atender a cinco personas con contusiones, y a otras que sufrieron shock nervioso. También, residentes en los alrededores de la subestación policial resultaron con síntomas de intoxicación, por los gases lacrimógenos.
Detienen a cuatro
Según los manifestantes, la Policía capturó a cuatro habitantes que participaron en las protestas, y exigían que los dejaran en libertad; de lo contrario, aseguraban, no se retirarían del lugar.
Pobladores de aldeas cercanas llegaron a lo largo de la tarde para apoyar la protesta, y cerraron los accesos al municipio, a fin de evitar el ingreso de más policías.
Se niegan a dialogar
Ovidio Paz, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos, trató de mediar en el conflicto, pero los inconformes no desistieron en su medida, y tuvo que salir del lugar, auxiliado por los bomberos.
Los residentes de esa cabecera departamental protegieron sus viviendas, por temor a que las dañaran. Los comercios cerraron sus puertas, y las iglesias suspendieron los servicios, por la jornada tensa que se vivía.
Prensa Libre (17 feb 2008)
Vecinos de Sololá se enfrentaron ayer con agentes de la Policía Nacional Civil, y quemaron tres autos, durante una protesta contra el alto número de secuestros perpetrados en la zona y la falta de acciones de los agentes para capturar a sospechosos.
En lo que va del año, al menos una decena de personas han sido secuestradas en Sololá, y ayer, el rumor de que se había cometido un nuevo plagio alteró los ánimos de los pobladores.
Éstos se concentraron frente a la subestación de la Policía, para conocer del caso e indagar si habían sido detenidos los culpables. Al no recibir respuesta de las autoridades, empezaron los enfrentamientos.
Los inconformes prendieron fuego a tres vehículos que estaban parqueados en la zona, por lo que la Policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos, para disolver a la turba, que también dañó la sede de la Gobernación Departamental.
La queja común de los pobladores es que las personas que cometen los secuestros han sido identificadas, pero la Policía no las captura, por lo que suponen que los agentes están vinculados con las bandas delincuenciales.
Los Bomberos Voluntarios tuvieron que atender a cinco personas con contusiones, y a otras que sufrieron shock nervioso. También, residentes en los alrededores de la subestación policial resultaron con síntomas de intoxicación, por los gases lacrimógenos.
Detienen a cuatro
Según los manifestantes, la Policía capturó a cuatro habitantes que participaron en las protestas, y exigían que los dejaran en libertad; de lo contrario, aseguraban, no se retirarían del lugar.
Pobladores de aldeas cercanas llegaron a lo largo de la tarde para apoyar la protesta, y cerraron los accesos al municipio, a fin de evitar el ingreso de más policías.
Se niegan a dialogar
Ovidio Paz, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos, trató de mediar en el conflicto, pero los inconformes no desistieron en su medida, y tuvo que salir del lugar, auxiliado por los bomberos.
Los residentes de esa cabecera departamental protegieron sus viviendas, por temor a que las dañaran. Los comercios cerraron sus puertas, y las iglesias suspendieron los servicios, por la jornada tensa que se vivía.
16 February 2008
Vecinos se cuidan solos
Por Carlos E. Paredes
Prensa Libre (16 feb 08)
Puerto San José. Cansados de los hechos delictivos que ocurren en su comunidad, vecinos del parcelamiento San Juan El Paraíso, integraron su Junta Local de Seguridad (JLS).
La comunidad está ubicada en el kilómetro 95 de la antigua carretera que de este municipio lleva a Escuintla y en ella habitan unas 200 familias que han manifestado malestar por el aumento de los índices de violencia y hechos delictivos.
Rafael Ríos, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), comentó que en los últimos meses han ocurrido más robos a mano armada, cuatro violaciones contra menores de edad y secuestros.
Además, los pandilleros atemorizan con acciones, como extorsiones y amenazas.
Franci de Guerra, presidenta del Comité de Mujeres, recordó que el pasado domingo desconocidos secuestraron a una niña y, horas después, la liberaron en Escuintla junto a un rótulo que citaba: “Nos equivocamos de niña, por eso la dejamos libre”.
Agregó que los pobladores están cansados de esos actos vandálicos y se temía que por esa razón tomaran acciones, como linchar a delincuentes, por lo que se optó por formar la JLS, cuyos integrantes, además de coordinar con la Policía Nacional Civil (PNC), harán patrullajes en las calles del lugar.
Exigen seguridad
Karen Rivera de Joya, vecina del sector comentó que en la comunidad hay poca presencia policial y es tanto el temor que se ven en la obligación de llevar y traer a los niños a la escuela, para evitar que sean víctimas de los pandilleros o de secuestradores.
Recordó que han visto carros desconocidos que rondan el plantel educativo, lo que ocasiona más zozobra.
La junta recibió el aval del alcalde José Esteban López y del subcomisario Filadelfo López, quienes dijeron que apoyarían en todo lo posible a los integrantes de esa agrupación.
López expuso que es importante la participación de la población para prevenir y combatir a los criminales.
La junta quedó integrada por Encarnación Perfecto, presidente; Martín Arredondo, vicepresidente; Griselda Ríos, secretaria, y Hernán López, de la PNC, como vocal primero. Además, cuentan con 10 vecinos como colaboradores directos.
Prensa Libre (16 feb 08)
Puerto San José. Cansados de los hechos delictivos que ocurren en su comunidad, vecinos del parcelamiento San Juan El Paraíso, integraron su Junta Local de Seguridad (JLS).
La comunidad está ubicada en el kilómetro 95 de la antigua carretera que de este municipio lleva a Escuintla y en ella habitan unas 200 familias que han manifestado malestar por el aumento de los índices de violencia y hechos delictivos.
Rafael Ríos, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), comentó que en los últimos meses han ocurrido más robos a mano armada, cuatro violaciones contra menores de edad y secuestros.
Además, los pandilleros atemorizan con acciones, como extorsiones y amenazas.
Franci de Guerra, presidenta del Comité de Mujeres, recordó que el pasado domingo desconocidos secuestraron a una niña y, horas después, la liberaron en Escuintla junto a un rótulo que citaba: “Nos equivocamos de niña, por eso la dejamos libre”.
Agregó que los pobladores están cansados de esos actos vandálicos y se temía que por esa razón tomaran acciones, como linchar a delincuentes, por lo que se optó por formar la JLS, cuyos integrantes, además de coordinar con la Policía Nacional Civil (PNC), harán patrullajes en las calles del lugar.
Exigen seguridad
Karen Rivera de Joya, vecina del sector comentó que en la comunidad hay poca presencia policial y es tanto el temor que se ven en la obligación de llevar y traer a los niños a la escuela, para evitar que sean víctimas de los pandilleros o de secuestradores.
Recordó que han visto carros desconocidos que rondan el plantel educativo, lo que ocasiona más zozobra.
La junta recibió el aval del alcalde José Esteban López y del subcomisario Filadelfo López, quienes dijeron que apoyarían en todo lo posible a los integrantes de esa agrupación.
López expuso que es importante la participación de la población para prevenir y combatir a los criminales.
La junta quedó integrada por Encarnación Perfecto, presidente; Martín Arredondo, vicepresidente; Griselda Ríos, secretaria, y Hernán López, de la PNC, como vocal primero. Además, cuentan con 10 vecinos como colaboradores directos.
06 February 2008
Grupo armado, a cargo de cinco ajusticiamientos
Por Luis Angel Sas
elPeriódico (6 feb 08)
Los vecinos que se cubrían el rostro con gorros pasamontañas, dispararon al aire para que los cascabillos se mezclaran con los que cubrían las balas que hirieron mortalmente a tres hombres, y así evitar cualquier investigación.
El hecho sucedió el 20 de enero en la aldea Loma Alta de San Juan Sacatepéquez. Allí, según un informe de inteligencia elaborado por el Ministerio de Gobernación e inteligencia militar, fueron ejecutados tres hombres a sangre fría.
Eran los hermanos Erwin (17) y Florentino Canel (19) y su padre José Irineo. Un grupo de aproximadamente 100 personas llegó su casa y buscaba a Erwin, a quien acusaban de ser pandillero. Lo sacaron de la vivienda y le levantaron la camisa en busca de tatuajes que no encontraron. Después lo acusaron de apoyar a la cementera y lo ejecutaron de varios disparos en la cabeza. Florentino intentó ayudarlo pero las balas lo detuvieron. Su padre José corrió la misma suerte.
Este es uno de los hechos que se le atribuyen a los grupos que patrullan ese municipio para evitar que miembros de pandillas actúen. Según el informe, estos “cometen violaciones a los derechos de los vecinos llegando al punto de asesinar a varias personas”. Se maneja la cifra de cinco muertos.
El 28 de enero retuvieron a fiscales que investigaban los tres crímenes. Antes de liberarlos les hicieron firmar un papel donde se comprometían a no investigar.
El grupo inició a actuar a partir del 9 de septiembre. Ese día, en la aldea Cerro Alto de dicho municipio, quemaron a un supuesto pandillero.
Dos días después, lincharon a otro supuesto marero, y para evitar cualquier pesquisa amenazaron al médico forense para que en el certificado de defunción colocara que su deceso se debió a muerte natural, “cirrosis”.
“Dedujimos que algunas juntas extorsionan y había indicios que participaron por lo menos en tres asesinatos”, relató el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.
El ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, anunció que se ubicará un campamento en el lugar con miembros del Ejército.
Hechos de los que se les acusa
12 mayo de 2007
Queman el vehículo de Lázaro Pirir, alcalde de ese municipio.
9 de septiembre de 2007
Linchan a Mynor Cotzojay, de 19 años, en Cerro Alto.
11 de septiembre de 2007
Linchan en esa aldea a un supuesto pandillero.
13 de septiembre de 2007
Incendian maquinaria en la aldea Cruz Blanca.
7 de noviembre de 2007
Linchan a tres supuestos pandilleros en San Juan Sacatepéquez.
16 de noviembre de 2007
Dinamitan un puente en la aldea Cruz Blanca.
20 de enero de 2008
Asesinan a tres hombres en la aldea Loma Alta.
28 de enero de 2008
Retienen a fiscales del Ministerio Público.
elPeriódico (6 feb 08)
Los vecinos que se cubrían el rostro con gorros pasamontañas, dispararon al aire para que los cascabillos se mezclaran con los que cubrían las balas que hirieron mortalmente a tres hombres, y así evitar cualquier investigación.
El hecho sucedió el 20 de enero en la aldea Loma Alta de San Juan Sacatepéquez. Allí, según un informe de inteligencia elaborado por el Ministerio de Gobernación e inteligencia militar, fueron ejecutados tres hombres a sangre fría.
Eran los hermanos Erwin (17) y Florentino Canel (19) y su padre José Irineo. Un grupo de aproximadamente 100 personas llegó su casa y buscaba a Erwin, a quien acusaban de ser pandillero. Lo sacaron de la vivienda y le levantaron la camisa en busca de tatuajes que no encontraron. Después lo acusaron de apoyar a la cementera y lo ejecutaron de varios disparos en la cabeza. Florentino intentó ayudarlo pero las balas lo detuvieron. Su padre José corrió la misma suerte.
Este es uno de los hechos que se le atribuyen a los grupos que patrullan ese municipio para evitar que miembros de pandillas actúen. Según el informe, estos “cometen violaciones a los derechos de los vecinos llegando al punto de asesinar a varias personas”. Se maneja la cifra de cinco muertos.
El 28 de enero retuvieron a fiscales que investigaban los tres crímenes. Antes de liberarlos les hicieron firmar un papel donde se comprometían a no investigar.
El grupo inició a actuar a partir del 9 de septiembre. Ese día, en la aldea Cerro Alto de dicho municipio, quemaron a un supuesto pandillero.
Dos días después, lincharon a otro supuesto marero, y para evitar cualquier pesquisa amenazaron al médico forense para que en el certificado de defunción colocara que su deceso se debió a muerte natural, “cirrosis”.
“Dedujimos que algunas juntas extorsionan y había indicios que participaron por lo menos en tres asesinatos”, relató el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.
El ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, anunció que se ubicará un campamento en el lugar con miembros del Ejército.
Hechos de los que se les acusa
12 mayo de 2007
Queman el vehículo de Lázaro Pirir, alcalde de ese municipio.
9 de septiembre de 2007
Linchan a Mynor Cotzojay, de 19 años, en Cerro Alto.
11 de septiembre de 2007
Linchan en esa aldea a un supuesto pandillero.
13 de septiembre de 2007
Incendian maquinaria en la aldea Cruz Blanca.
7 de noviembre de 2007
Linchan a tres supuestos pandilleros en San Juan Sacatepéquez.
16 de noviembre de 2007
Dinamitan un puente en la aldea Cruz Blanca.
20 de enero de 2008
Asesinan a tres hombres en la aldea Loma Alta.
28 de enero de 2008
Retienen a fiscales del Ministerio Público.
05 February 2008
Resumen de casos de linchamiento 2006
Por Carlos A. Mendoza (5 feb 08)
Linchamientos consumados
Número 6 casos
Fallecidos 10 (9 hombres, 1 mujer)
Vapuleados 18 (6 hombres, 12 mujeres)
Ilesos 0
Intentos de linchamiento
Número 7 casos
Fallecidos 0
Vapuleados 29 (22 hombres, 7 mujeres)
Ilesos 0
Consideraciones
Aunque estos datos NO son fruto de un seguimiento sistemático de los medios electrónicos, reflejan la tendencia del comportamiento de la variable y, al mismo tiempo, ponen en evidencia las contradicciones con los datos provistos por la PNC (ver POST del 21 nov 07).
La PNC contabilizó 13 personas linchadas (fallecidas) a lo largo de 2006. Por lo tanto, yo tengo un subregistro de 3 personas, cuyos casos ocurrieron en enero y febrero de ese año. Por el momento, no encuentro el registro periodístico de los mismos.
Sí coincidimos al afirmar que sólo una mujer fue linchada (el caso del 19 de abril, en Sumpango). Sin embargo, no coincidimos con los meses en los que ocurrieron el resto de muertes. Ver la siguiente tabla.
Mes / PNC / Monitoreo de Medios Electrónicos (verificables en este BLOG)
Ene 1 / 0
Feb 2 / 0
Mar 0 / 0
Abr 4 / 2
May 4 / 3
Jun 0 / 0
Jul 0 / 1
Ago 0 / 0
Sep 1 / 0
Oct 0 / 3
Nov 1 / 1
Dic 0 / 0
Total 13 / 10
Únicamente se coincide con la información en cinco meses, de doce. Esto es preocupante porque nos impide saber con certeza lo que está ocurriendo.
Linchamientos consumados
Número 6 casos
Fallecidos 10 (9 hombres, 1 mujer)
Vapuleados 18 (6 hombres, 12 mujeres)
Ilesos 0
Intentos de linchamiento
Número 7 casos
Fallecidos 0
Vapuleados 29 (22 hombres, 7 mujeres)
Ilesos 0
Consideraciones
Aunque estos datos NO son fruto de un seguimiento sistemático de los medios electrónicos, reflejan la tendencia del comportamiento de la variable y, al mismo tiempo, ponen en evidencia las contradicciones con los datos provistos por la PNC (ver POST del 21 nov 07).
La PNC contabilizó 13 personas linchadas (fallecidas) a lo largo de 2006. Por lo tanto, yo tengo un subregistro de 3 personas, cuyos casos ocurrieron en enero y febrero de ese año. Por el momento, no encuentro el registro periodístico de los mismos.
Sí coincidimos al afirmar que sólo una mujer fue linchada (el caso del 19 de abril, en Sumpango). Sin embargo, no coincidimos con los meses en los que ocurrieron el resto de muertes. Ver la siguiente tabla.
Mes / PNC / Monitoreo de Medios Electrónicos (verificables en este BLOG)
Ene 1 / 0
Feb 2 / 0
Mar 0 / 0
Abr 4 / 2
May 4 / 3
Jun 0 / 0
Jul 0 / 1
Ago 0 / 0
Sep 1 / 0
Oct 0 / 3
Nov 1 / 1
Dic 0 / 0
Total 13 / 10
Únicamente se coincide con la información en cinco meses, de doce. Esto es preocupante porque nos impide saber con certeza lo que está ocurriendo.
01 February 2008
GAM: Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y hechos de violencia ocurridos en el año 2007
Sobre Linchamientos
Las instituciones del Estado se encuentran sumamente débiles, especialmente las operadoras de justicia, situación que ha provocado que la población deje de confiar en las mismas, en muchos casos creyendo que el linchamiento o las ejecuciones extrajudiciales, son la solución a los problemas de seguridad. Como ya es de conocimiento nacional e internacional, la seguridad y el sistema de justicia en nuestro país se encuentra cercano a un nivel de insostenibilidad total, debido a la impunidad con que actúan los perpetradores y falta de capacidad de los operadores de justicia en la aplicación de la normativa constitucional.
A manera de ejemplo uno de los hechos ocurridos durante el año fue el linchamiento de 3 supuestos mareros, quienes fueron quemados en San Juan Sacatepéquez.[10] Los vecinos al ver que no pueden obtener seguridad de parte del Estado, la buscan por todos los medios; si bien es cierto que toda persona que infringe la ley debe ser sometida a un proceso y al ser hallada culpable debe cumplir con la pena respectiva, en un Estado democrático esa no es la forma de buscar justicia; esto hace que en nuestro país se viva la sensación de vulnerabilidad extrema, porque existiendo leyes que protegen los derechos de las personas no se cumplen.
En este departamento se ha conocido 5 linchamientos en tan solo dos meses, se esta adoptando la ley del talión[11], estos tienen su propia comisión de seguridad para lograr protegerse, ninguno de ellos ha sido investigado a pesar de que se han presentado denuncias contra tales delitos.[12]
La sociedad y gobierno guatemalteco debe evitar los retrocesos, en tanto en Guatemala se continúe con ese tipo de prácticas no podremos madurar como sociedad. GAM está a favor de la organización de los vecinos e incluso la promueve y promociona la organización pues de esta manera se alcanzan logros importantes en las comunidades. Pero en lo que difiere es que se utilice este tipo de mecanismos violentos. Castigar a los supuestos responsables de actos reñidos con la ley, es un derecho pero debe ser el Estado quien lo haga, por lo que es necesario exigir a las autoridades competentes, actuar con agilidad y responsabilidad para brindar seguridad a la ciudadanía; esto será el mejor método preventivo de estos actos tan degradantes.
Notas:
[10] http://www.elperiodico.com.gt/es/20071102/actualidad/45240/
[11] El término ley del talión (latín: lex talionis) se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. De esta manera, no sólo se habla de una pena equivalente, sino de una pena idéntica. La expresión más famosa de la ley del talión es "ojo por ojo, diente por diente" aparecida en el Éxodo veterotestamentario.
Históricamente, constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre daño recibido en un crimen y daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza libre.
[12] http://www.prensalibre.com/pl/2007/noviembre/07/187127.html
Las instituciones del Estado se encuentran sumamente débiles, especialmente las operadoras de justicia, situación que ha provocado que la población deje de confiar en las mismas, en muchos casos creyendo que el linchamiento o las ejecuciones extrajudiciales, son la solución a los problemas de seguridad. Como ya es de conocimiento nacional e internacional, la seguridad y el sistema de justicia en nuestro país se encuentra cercano a un nivel de insostenibilidad total, debido a la impunidad con que actúan los perpetradores y falta de capacidad de los operadores de justicia en la aplicación de la normativa constitucional.
A manera de ejemplo uno de los hechos ocurridos durante el año fue el linchamiento de 3 supuestos mareros, quienes fueron quemados en San Juan Sacatepéquez.[10] Los vecinos al ver que no pueden obtener seguridad de parte del Estado, la buscan por todos los medios; si bien es cierto que toda persona que infringe la ley debe ser sometida a un proceso y al ser hallada culpable debe cumplir con la pena respectiva, en un Estado democrático esa no es la forma de buscar justicia; esto hace que en nuestro país se viva la sensación de vulnerabilidad extrema, porque existiendo leyes que protegen los derechos de las personas no se cumplen.
En este departamento se ha conocido 5 linchamientos en tan solo dos meses, se esta adoptando la ley del talión[11], estos tienen su propia comisión de seguridad para lograr protegerse, ninguno de ellos ha sido investigado a pesar de que se han presentado denuncias contra tales delitos.[12]
La sociedad y gobierno guatemalteco debe evitar los retrocesos, en tanto en Guatemala se continúe con ese tipo de prácticas no podremos madurar como sociedad. GAM está a favor de la organización de los vecinos e incluso la promueve y promociona la organización pues de esta manera se alcanzan logros importantes en las comunidades. Pero en lo que difiere es que se utilice este tipo de mecanismos violentos. Castigar a los supuestos responsables de actos reñidos con la ley, es un derecho pero debe ser el Estado quien lo haga, por lo que es necesario exigir a las autoridades competentes, actuar con agilidad y responsabilidad para brindar seguridad a la ciudadanía; esto será el mejor método preventivo de estos actos tan degradantes.
Notas:
[10] http://www.elperiodico.com.gt/es/20071102/actualidad/45240/
[11] El término ley del talión (latín: lex talionis) se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. De esta manera, no sólo se habla de una pena equivalente, sino de una pena idéntica. La expresión más famosa de la ley del talión es "ojo por ojo, diente por diente" aparecida en el Éxodo veterotestamentario.
Históricamente, constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre daño recibido en un crimen y daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza libre.
[12] http://www.prensalibre.com/pl/2007/noviembre/07/187127.html
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