Por Carlos A. Mendoza
Leyendo el trabajo del historiador Brian F. Connaughton, titulado "Moral pública y contrarrevolución: Nueva normatividad socio-gubernativa en Guatemala, 1839–1854. Parte segunda", me encuentro con algunas citas interesantes que son evidencia histórica del uso de castigos públicos y violentos durante los inicios de la era republicana guatemalteca, es decir la de Rafael Carrera.
[...] “Es cierto que estos acuerdos sugieren una aceptación del regreso al uso del castigo corporal en los pueblos de indios y una política de reconocimiento expreso de las corporaciones ante el gobierno mediante la elección de representantes.” Brian F. Connaughton, p.118
[...] “El juez de 1ª instancia, Felipe Prado, reportó al gobierno desde el departamento de Sacatepéquez en febrero de 1852 que la justicia local en la mayoría de pueblos, que eran indígenas, se basaba en sus alcaldes. Estos casi no tomaban decisiones sin consultar con los principales de los pueblos. Aunque tales “funcionarios” le sorprendían a Prado por su buena disposición de escucharlo, no dejaba de “entrever cierta linea que marca una separacion absoluta entre dicha clase y las otras de que se forma la Republica, diferencia que solamente desaparecerá con el transcurso del tiempo y por medio de la ilustracion.”
Este mismo juez Felipe Prado había escrito a la Suprema Corte con fecha 2 de septiembre de 1851 expresando su convicción de que “la igualdad absoluta en materia penal es del todo imposible”, para luego pedir el restablecimiento efectivo de la pena de azotes, exentando sólo a los que pudiesen pagar una multa equivalente. En esta carta, y en otra de 1 de marzo de 1852, Prado aclaraba que su mayor preocupación era con el “estado semisalvage de la clase aborigena,” entregada a la bebida de “licores fermentados”, y en medio de la ausencia real de un sistema de cárceles a nivel de los pueblos. Era cuestión, afirmaba, de aceptar “la impunidad de los delincuentes” o reconocer el “apego y tenacidad que tienen los naturales a sus costumbres y manera de juzgar a que estan habituados.” La vuelta al sistema de azotes ya se había hecho en la práctica, pero Prado opinaba que debía ser totalmente legal, porque “las leyes deben ser inviolables; su transgresion de cualquiera manera que se efectue es un verdadero ataque al orden social especialmente en los gobiernos repúblicanos como el nuestro en los que la ley y no la voluntad del encargado de ejecutarla, es lo que debe prevalecer.”48 [L28555, Exp. 16, fols. 2 a 5.] p. 122
[...] “Se reconocía que la vivencia indígena corporativa no era susceptible aún de ser reducida a la individualidad ciudadana de los demás, aunque se introdujeran escuelas, prácticas, obras y legislación que pretendían una gubernamentalidad a escala nacional acorde con la República establecida en 1847. Esta dualidad jurídica, no menos que la dependencia militar, corporativa y religiosa, marcaba el límite infranqueable del período conservador y su política de ganar legitimidad por vía de la ley, la justicia y las obras públicas locales." p. 129
El punto de Connaughton es que los funcionarios del gobierno de Guatemala, durante la época de Carrera se dieron cuenta que era muy difícil para el Estado hacer valer la ley. La violencia provocada por numerosos levantamientos campesinos y por la pugna por el poder entre liberales y conservadores hacía necesario el reconocimiento de las costumbres indígenas y la reinstauración de los castigos corporales, heredados de la Colonia.
30 October 2006
09 October 2006
Justicia maya
Por Gustavo Arturo Díaz Pérez
elPeriódico (Cartas del Lector)
Todos en Guatemala sabemos quienes son los responsables, “intelectualmente hablando”, de los desmanes que están ocurriendo en las comunidades indígenas con el pretexto de aplicar derecho ancestral. Son los “políticos intelectuales” que se han encargado de propalar la idea de que debemos resucitar el sistema jurídico imperante en las comunidades indígenas antes de la conquista española, pretenden hacer creer que se tiene derecho al mismo, y lógicamente esas ideas han dado como resultado lo que estamos viendo. Invito a que veamos hacia el futuro y nos unamos bajo el imperio de una ley general para todos, pues solamente de esa manera podremos obtener seguridad jurídica y la consecución de un verdadero estado de derecho, que tanta falta nos hace.
Comentario de otro lector
Mónica Navarro
Señor Díaz: Aunque comparto su punto, pienso también que debemos tomar en cuenta el sentimiento general de desamparo que sentimos ante nuestro sistema jurídico, obvio es que las comunidades indígenas podrían sentirlo en mayor grado. Imagínese: en épocas anteriores, aún no teniendo la corrupción que ahora tenemos, los indígenas siempre fueron excluidos y marginados hasta cierto punto... No digamos ahora... Estoy con usted en cuanto al establecimiento de una ley general pues todos somos iguales, y deberíamos ya de dejar de decir ley indígena o ley ladina. Simplemente ley guatemalteca. Guatemaltecos somos todos, así como hijos de Dios. Empezando por este punto, haríamos muchas cosas positivas y unidos, ya veremos si no conseguimos eficientar nuestro sistema de justicia. Saludos.
elPeriódico (Cartas del Lector)
Todos en Guatemala sabemos quienes son los responsables, “intelectualmente hablando”, de los desmanes que están ocurriendo en las comunidades indígenas con el pretexto de aplicar derecho ancestral. Son los “políticos intelectuales” que se han encargado de propalar la idea de que debemos resucitar el sistema jurídico imperante en las comunidades indígenas antes de la conquista española, pretenden hacer creer que se tiene derecho al mismo, y lógicamente esas ideas han dado como resultado lo que estamos viendo. Invito a que veamos hacia el futuro y nos unamos bajo el imperio de una ley general para todos, pues solamente de esa manera podremos obtener seguridad jurídica y la consecución de un verdadero estado de derecho, que tanta falta nos hace.
Comentario de otro lector
Mónica Navarro
Señor Díaz: Aunque comparto su punto, pienso también que debemos tomar en cuenta el sentimiento general de desamparo que sentimos ante nuestro sistema jurídico, obvio es que las comunidades indígenas podrían sentirlo en mayor grado. Imagínese: en épocas anteriores, aún no teniendo la corrupción que ahora tenemos, los indígenas siempre fueron excluidos y marginados hasta cierto punto... No digamos ahora... Estoy con usted en cuanto al establecimiento de una ley general pues todos somos iguales, y deberíamos ya de dejar de decir ley indígena o ley ladina. Simplemente ley guatemalteca. Guatemaltecos somos todos, así como hijos de Dios. Empezando por este punto, haríamos muchas cosas positivas y unidos, ya veremos si no conseguimos eficientar nuestro sistema de justicia. Saludos.
05 October 2006
Linchan a dos personas
Por Julio F. Lara
Prensa Libre (5 oct 06)
Ciudad de Guatemala.- Vecinos de la colonia Bellos Horizontes, zona 21, lincharon a dos presuntos delincuentes.
Los individuos fueron identificados como Josué Velásquez, de 18 años, y José Manuel González López, de 27. Murieron en el Hospital Roosvelt, como consecuencia de golpes y quemaduras.
Los Bomberos Voluntarios informaron que el linchamiento ocurrió a las 22:50 horas del martes recién pasado.
Rodolfo Chojolán, Jefe de Operaciones de la Comisaría 14 [de la Policía Nacional Civil], expresó que tenían denuncias de que los ahora occisos asaltaban y robaban en esa colonia.
Prensa Libre (5 oct 06)
Ciudad de Guatemala.- Vecinos de la colonia Bellos Horizontes, zona 21, lincharon a dos presuntos delincuentes.
Los individuos fueron identificados como Josué Velásquez, de 18 años, y José Manuel González López, de 27. Murieron en el Hospital Roosvelt, como consecuencia de golpes y quemaduras.
Los Bomberos Voluntarios informaron que el linchamiento ocurrió a las 22:50 horas del martes recién pasado.
Rodolfo Chojolán, Jefe de Operaciones de la Comisaría 14 [de la Policía Nacional Civil], expresó que tenían denuncias de que los ahora occisos asaltaban y robaban en esa colonia.
Nahualá: el problema es que se vuelva consuetudinario, no que lo sea
Por Eduardo Mayora Alvarado
Siglo XXI (05 0ct 06)
En cierto sentido, la discusión sobre si hay o no un derecho consuetudinario indígena es estéril. Me refiero a que, por su propia esencia, el derecho consuetudinario existe cuando se da en la vida real; cuando una sociedad, una comunidad, aplica a lo largo del tiempo ciertas reglas que sus integrantes reconocen como válidas y, por ende, vinculantes para todos ellos, coercitivamente si menester fuera. Lo que cualquier observador externo pueda opinar, ante los hechos, sale sobrando.
En ese orden de ideas, los acontecimientos que acaban de presentarse en Nahualá, una vez más, sumados a otros 11 casos de características similares (el Periódico, 2/10/06), amenazan con convertirse en una práctica que, de seguir así, podría dar lugar al surgimiento de una “costumbre” contraria a los más fundamentales principios de justicia y a la dignidad humana.
Y es que no se trata solamente del hecho de que se haya castigado sin nada que semeje un juicio previo, y de manera infamante, a 18 mujeres y 5 hombres. Además, están los disturbios que se suscitaron con cauda de una persona muerta y otras tres heridas, de acuerdo con la misma nota de prensa. No hay razón que pueda justificar estos desmanes, como tampoco es aceptable que queden impunes.
La circunstancia de que en algunas de las comunidades donde se ha asistido a este tipo de sucesos, no haya jueces del Estado o que la presencia policial sea insuficiente cuando no nula, siempre ha sido una omisión condenable y grave. Pero pretender convertirla en pretexto válido para violar los más elementales derechos de tantos seres humanos es insostenible, con todo y la acusación lanzada por quienes se han erigido, sin autoridad legítima, en justicieros: el comercio de niños.
¿Qué hacer? Como siempre están las perspectivas de corto y de largo plazo. La primera exige que el Estado reaccione: debe investigarse, procesarse judicialmente y castigarse de acuerdo con la Ley, respetándose su derecho de defensa y a un juicio imparcial y público, a todos los responsables. De lo contrario estas prácticas deleznables, muy probablemente, se repetirán. De cara al largo plazo, es indispensable que el Estado de Guatemala, insisto tercamente, ordene sus prioridades: debe dotarse a la PNC y al Poder Judicial de los recursos necesarios, a costa de cualesquiera otros programas y proyectos, para que estén en capacidad de prevenir o perseguir, según fuere el caso, tanto la trata ilegal de niños –si de verdad se estuviera dando–, como también cualquier abuso brutal contra los más elementales derechos humanos de quienes podrían volver a ser víctimas de estos excesos. No basta que las leyes digan lo que digan, o que se promulguen todavía más leyes; es necesario que se apliquen con razonabilidad y sentido de justicia.
También es conveniente tener claro que, cualquiera que sea el derecho consuetudinario que se esté aplicando por no importa cual comunidad, hay ciertos presupuestos de legitimidad básicos, constitucionalmente protegidos, que no son negociables ni renunciables.
Siglo XXI (05 0ct 06)
En cierto sentido, la discusión sobre si hay o no un derecho consuetudinario indígena es estéril. Me refiero a que, por su propia esencia, el derecho consuetudinario existe cuando se da en la vida real; cuando una sociedad, una comunidad, aplica a lo largo del tiempo ciertas reglas que sus integrantes reconocen como válidas y, por ende, vinculantes para todos ellos, coercitivamente si menester fuera. Lo que cualquier observador externo pueda opinar, ante los hechos, sale sobrando.
En ese orden de ideas, los acontecimientos que acaban de presentarse en Nahualá, una vez más, sumados a otros 11 casos de características similares (el Periódico, 2/10/06), amenazan con convertirse en una práctica que, de seguir así, podría dar lugar al surgimiento de una “costumbre” contraria a los más fundamentales principios de justicia y a la dignidad humana.
Y es que no se trata solamente del hecho de que se haya castigado sin nada que semeje un juicio previo, y de manera infamante, a 18 mujeres y 5 hombres. Además, están los disturbios que se suscitaron con cauda de una persona muerta y otras tres heridas, de acuerdo con la misma nota de prensa. No hay razón que pueda justificar estos desmanes, como tampoco es aceptable que queden impunes.
La circunstancia de que en algunas de las comunidades donde se ha asistido a este tipo de sucesos, no haya jueces del Estado o que la presencia policial sea insuficiente cuando no nula, siempre ha sido una omisión condenable y grave. Pero pretender convertirla en pretexto válido para violar los más elementales derechos de tantos seres humanos es insostenible, con todo y la acusación lanzada por quienes se han erigido, sin autoridad legítima, en justicieros: el comercio de niños.
¿Qué hacer? Como siempre están las perspectivas de corto y de largo plazo. La primera exige que el Estado reaccione: debe investigarse, procesarse judicialmente y castigarse de acuerdo con la Ley, respetándose su derecho de defensa y a un juicio imparcial y público, a todos los responsables. De lo contrario estas prácticas deleznables, muy probablemente, se repetirán. De cara al largo plazo, es indispensable que el Estado de Guatemala, insisto tercamente, ordene sus prioridades: debe dotarse a la PNC y al Poder Judicial de los recursos necesarios, a costa de cualesquiera otros programas y proyectos, para que estén en capacidad de prevenir o perseguir, según fuere el caso, tanto la trata ilegal de niños –si de verdad se estuviera dando–, como también cualquier abuso brutal contra los más elementales derechos humanos de quienes podrían volver a ser víctimas de estos excesos. No basta que las leyes digan lo que digan, o que se promulguen todavía más leyes; es necesario que se apliquen con razonabilidad y sentido de justicia.
También es conveniente tener claro que, cualquiera que sea el derecho consuetudinario que se esté aplicando por no importa cual comunidad, hay ciertos presupuestos de legitimidad básicos, constitucionalmente protegidos, que no son negociables ni renunciables.
04 October 2006
¿Qué es lo "Maya"? ¿Qué es lo "Cristiano"?
Por Carlos Mendoza
Guatemala, 04 octubre 2006
Me parece que el debate sobre los castigos públicos y violentos que están ocurriendo en el área rural de Guatemala está enfocándose en algo poco relevante. Discutir si los linchamientos son o no parte del derecho tradicional indígena, o si el corte de pelo y los azotes son parte del "castigo Maya" no nos lleva a ningún lugar.
Ciertamente es importante la diferencia entre las prácticas reales y los valores ideales de cualquier comunidad, pero lo que debemos intentar comprender es por qué se da una brecha tan amplia entre lo ideal y lo real.
Como hace Sam Colop, en el artículo publicado abajo, tomemos la analogía de la Cristiandad. Los varoles ideales de los cristianos incluyen el amor al prójimo y el respeto a la vida, pero históricamente las prácticas de las sociedades cristianas dejan mucho que desear. Es más, en nombre de sus creencias y valores le han hecho la guerra a otras sociedades, como en las cruzadas (de ayer y de hoy). Para el resguardo de los mismos principios cristianos se llevó a la hoguera a miles de personas que pensaban de manera distinta o profesaban otra fe.
¿Era la Inquisición medieval una institución cristiana? Sí, lo era. Aunque sus procedimientos fueran la antítesis del mensaje evangélico. Así que me inclinaría más a aceptar que las prácticas cristianas son el verdadero ethos cristiano. Las ensañanzas de Jesús ("el moreno de Nazareth") no me ayudan a entender el comportamiento de los que se autodenomina sus seguidores.
De la misma forma, lo que digan los eruditos en Derecho Indígena no me sirve para comprender el verdadero ethos de las comunidades indígenas. ¿Qué explica esta diferencia entre las prácticas y las enseñanzas de los abuelos?
Aquí es donde entran las variables estructurales e institucionales. Sigo pensando que la ausencia del estado como-ley y como-burocracia tiene mucho que explicar. También insisto que hay características propias de las comunidades indígenas que explican porqué esos castigos públicos y violentos ocurren en dichas comunidades y no en otras.
Guatemala, 04 octubre 2006
Me parece que el debate sobre los castigos públicos y violentos que están ocurriendo en el área rural de Guatemala está enfocándose en algo poco relevante. Discutir si los linchamientos son o no parte del derecho tradicional indígena, o si el corte de pelo y los azotes son parte del "castigo Maya" no nos lleva a ningún lugar.
Ciertamente es importante la diferencia entre las prácticas reales y los valores ideales de cualquier comunidad, pero lo que debemos intentar comprender es por qué se da una brecha tan amplia entre lo ideal y lo real.
Como hace Sam Colop, en el artículo publicado abajo, tomemos la analogía de la Cristiandad. Los varoles ideales de los cristianos incluyen el amor al prójimo y el respeto a la vida, pero históricamente las prácticas de las sociedades cristianas dejan mucho que desear. Es más, en nombre de sus creencias y valores le han hecho la guerra a otras sociedades, como en las cruzadas (de ayer y de hoy). Para el resguardo de los mismos principios cristianos se llevó a la hoguera a miles de personas que pensaban de manera distinta o profesaban otra fe.
¿Era la Inquisición medieval una institución cristiana? Sí, lo era. Aunque sus procedimientos fueran la antítesis del mensaje evangélico. Así que me inclinaría más a aceptar que las prácticas cristianas son el verdadero ethos cristiano. Las ensañanzas de Jesús ("el moreno de Nazareth") no me ayudan a entender el comportamiento de los que se autodenomina sus seguidores.
De la misma forma, lo que digan los eruditos en Derecho Indígena no me sirve para comprender el verdadero ethos de las comunidades indígenas. ¿Qué explica esta diferencia entre las prácticas y las enseñanzas de los abuelos?
Aquí es donde entran las variables estructurales e institucionales. Sigo pensando que la ausencia del estado como-ley y como-burocracia tiene mucho que explicar. También insisto que hay características propias de las comunidades indígenas que explican porqué esos castigos públicos y violentos ocurren en dichas comunidades y no en otras.
No es de origen maya
Por Sam Colop
Prensa Libre (04 oct 06)
El pasado fin de semana estuve en una reunión con estudiantes universitarios mayas y uno de los puntos que se tocaron fue el asunto de los linchamientos, los latigazos y el rapado a mujeres acusadas de traficar con infantes.
El problema que ellos ven es que, en diversos espacios, esto se señala como característica del “derecho consuetudinario indígena” y más de algún catedrático de Derecho lo califica como prácticas del “derecho maya”.
Esto último se ve reforzado en algunos medios de comunicación y ciertos columnistas que identifican esa aberración jurídica como parte de aquel sistema jurídico. La intención es obvia: se trata de desprestigiar o menospreciar a un conjunto de normas escritas y practicadas por las distintas comunidades mayas.
El derecho maya seguramente no es perfecto, pero busca reparar el daño causado, y si históricamente existieron penas severas como consecuencia de venganzas o guerras, los azotes y el corte de cabello a las mujeres tienen un origen colonial. Desafortunadamente, como se replican aquellas prácticas también se repiten los linchamientos derivados de la campaña contrainsurgente.
En el Título de Totonicapán (UNAM, 1983), por ejemplo, se habla de las acciones tomadas por Kikab ante la muerte de K'otuja; pero, en ese mismo texto, se ilustra también el comportamiento por la parte “ofendida” en el caso de adulterio. El deseo de ahorcarse por parte del varón ofensor concuerda con las ideas cristianas de uno de los traductores, pero no con el texto k'iche'.
Sobre los azotes y rapaduras, veamos el siguiente ejemplo extraído de una de las memorias en el libro Nuestro pesar, nuestra aflicción (UNAM/Cirma, 1996) donde un alcalde maya y cuatro personas más que suscriben el documento se quejan de lo siguiente: “A nosotros nos castigaron cuando vinieron el oidor, licenciado Valdés de Cárcamo, Juan de Chávez, escribano, y su nahuatlato, Juan de Bobadilla. Llegaron el sábado y el domingo nos metieron en la cárcel.
Ninguno de los hombres fue a misa. El lunes él nos sacó a la calle [arrastrados por] los caballos, con que nos espantaron. Nos dieron 200 azotes en la calle. Dos veces se hizo justicia, de manera que dos veces, aquí en nuestro pueblo, nos dieron veinte azotes a cada uno de nosotros y nos raparon”.
Esto de endosar al derecho maya prácticas salvajes es como pensar que lo que caracteriza al derecho ladino guatemalteco es esencialmente la pena de muerte, que es más inhumana, cavernícola y anticristiana.
Por aparte, entre las ONG mayas existen defensorías y asociaciones que dicen promover los derechos indígenas, pero ante estos casos guardan un silencio sospechoso. Quisiera creer que es por desconocimiento y no porque son más “ladino-cristianos” que sus socios para avalar prácticas que van en contra los derechos humanos.
Prensa Libre (04 oct 06)
El pasado fin de semana estuve en una reunión con estudiantes universitarios mayas y uno de los puntos que se tocaron fue el asunto de los linchamientos, los latigazos y el rapado a mujeres acusadas de traficar con infantes.
El problema que ellos ven es que, en diversos espacios, esto se señala como característica del “derecho consuetudinario indígena” y más de algún catedrático de Derecho lo califica como prácticas del “derecho maya”.
Esto último se ve reforzado en algunos medios de comunicación y ciertos columnistas que identifican esa aberración jurídica como parte de aquel sistema jurídico. La intención es obvia: se trata de desprestigiar o menospreciar a un conjunto de normas escritas y practicadas por las distintas comunidades mayas.
El derecho maya seguramente no es perfecto, pero busca reparar el daño causado, y si históricamente existieron penas severas como consecuencia de venganzas o guerras, los azotes y el corte de cabello a las mujeres tienen un origen colonial. Desafortunadamente, como se replican aquellas prácticas también se repiten los linchamientos derivados de la campaña contrainsurgente.
En el Título de Totonicapán (UNAM, 1983), por ejemplo, se habla de las acciones tomadas por Kikab ante la muerte de K'otuja; pero, en ese mismo texto, se ilustra también el comportamiento por la parte “ofendida” en el caso de adulterio. El deseo de ahorcarse por parte del varón ofensor concuerda con las ideas cristianas de uno de los traductores, pero no con el texto k'iche'.
Sobre los azotes y rapaduras, veamos el siguiente ejemplo extraído de una de las memorias en el libro Nuestro pesar, nuestra aflicción (UNAM/Cirma, 1996) donde un alcalde maya y cuatro personas más que suscriben el documento se quejan de lo siguiente: “A nosotros nos castigaron cuando vinieron el oidor, licenciado Valdés de Cárcamo, Juan de Chávez, escribano, y su nahuatlato, Juan de Bobadilla. Llegaron el sábado y el domingo nos metieron en la cárcel.
Ninguno de los hombres fue a misa. El lunes él nos sacó a la calle [arrastrados por] los caballos, con que nos espantaron. Nos dieron 200 azotes en la calle. Dos veces se hizo justicia, de manera que dos veces, aquí en nuestro pueblo, nos dieron veinte azotes a cada uno de nosotros y nos raparon”.
Esto de endosar al derecho maya prácticas salvajes es como pensar que lo que caracteriza al derecho ladino guatemalteco es esencialmente la pena de muerte, que es más inhumana, cavernícola y anticristiana.
Por aparte, entre las ONG mayas existen defensorías y asociaciones que dicen promover los derechos indígenas, pero ante estos casos guardan un silencio sospechoso. Quisiera creer que es por desconocimiento y no porque son más “ladino-cristianos” que sus socios para avalar prácticas que van en contra los derechos humanos.
Habitantes de Pasín impiden acción legal
Por Fredy Rodas
Prensa Libre (04 oct 06)
Habitantes del caserío Pasín, aldea Xejuyup, impidieron ayer que la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades judiciales practicaran una exhibición personal a favor de Juan Perechú, quien supuestamente estaba retenido ilegalmente en dicha comunidad desde el pasado domingo.
El jefe de la Comisaría 33 de la PNC de Suchitepéquez, recordó que el domingo último un grupo de habitantes de varias aldeas llegó a la aldea Tzucubal, en busca de supuestos traficantes de niños y se produjo un enfrentamiento que dejó un muerto, 28 casas quemadas y 12 mujeres capturadas, a quienes les cortaron el pelo y azotaron.
Explicó que durante la incursión los comunitarios supuestamente secuestraron a Perechú, padre de Domingo Perechú, y principal sospechoso de la venta de menores en la región, por lo que la Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Santiago Atitlán interpuso un recurso de exhibición personal.
Un contingente de 80 policías, miembros del Ejército y el juez de Paz Francisco Chay, de la aldea Guineales, jurisdicción de Santa Catarina Ixtahuacán, llegaron al caserío a practicar la diligencia.
Refirió que los comunitarios, al enterarse de las intenciones de las autoridades, hicieron sonar la campana de la escuela y alertaron a otros habitantes, quienes armados con palos y machetes, los amenazaron de muerte y les pidieron que se retiraran del caserío si no querían que hubiera derramamiento de sangre.
Con piedras y palos
Yoc puntualizó que decidieron abandonar la comunidad pacíficamente para evitar un enfrentamiento, pero fueron atacados desde los cafetales con piedras y palos.
Quedaron retenidos durante varios minutos, porque los vecinos colocaron barricadas en la entrada de la comunidad.
Afirmó que policías y soldados se internaron en las zonas boscosas para capturar a sus atacantes, pero éstos huyeron al centro de la comunidad.
Según la Policía, un líder de Pasín, quien no se identificó, confirmó que Juan Perechú estuvo retenido en el caserío, y los miembros del Comité de Seguridad exigían Q200 mil por entregarlo.
Pagaron Q20 mil
Domingo Perechú aseguró que un grupo de vecinos encapuchados lo citó antenoche en una zona motañosa. Él pagó Q20 mil en efectivo y le entregaron a su padre Juan Perechú, quien tenía lesiones.
Salvador Loarca, de la PDH de Santiago Atitlán, acotó que mediante el acta número 1-2006, el alcalde de Nahualá, Miguel Tzep, autorizó un reglamento para que los miembros de comités de seguridad de las aldeas y caseríos castiguen a los infractores de la ley y los hinquen durante una hora sobre piedrín.
Sin embargo, los líderes han optado también por azotarlos, golpearlos y cortarle el pelo a las mujeres.
Expuso que ayer sostuvieron una reunión con el gobernador Carlos Cumatz, y el alcalde Tzep para buscar una solución al conflicto.
Acordaron reunirse el próximo lunes con líderes de las comunidades de la bocacosta de Nahualá, para hacerles ver la importancia de evitar estos hechos.
Ovidio Paz, de la Auxiliatura Regional de la PDH de Sololá, puntualizó que los castigos comunales que se han impartido últimamente no están apegados al Derecho Maya, y constituyen hechos vandálicos que violan los derechos humanos de las personas.
Prensa Libre (04 oct 06)
Habitantes del caserío Pasín, aldea Xejuyup, impidieron ayer que la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades judiciales practicaran una exhibición personal a favor de Juan Perechú, quien supuestamente estaba retenido ilegalmente en dicha comunidad desde el pasado domingo.
El jefe de la Comisaría 33 de la PNC de Suchitepéquez, recordó que el domingo último un grupo de habitantes de varias aldeas llegó a la aldea Tzucubal, en busca de supuestos traficantes de niños y se produjo un enfrentamiento que dejó un muerto, 28 casas quemadas y 12 mujeres capturadas, a quienes les cortaron el pelo y azotaron.
Explicó que durante la incursión los comunitarios supuestamente secuestraron a Perechú, padre de Domingo Perechú, y principal sospechoso de la venta de menores en la región, por lo que la Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Santiago Atitlán interpuso un recurso de exhibición personal.
Un contingente de 80 policías, miembros del Ejército y el juez de Paz Francisco Chay, de la aldea Guineales, jurisdicción de Santa Catarina Ixtahuacán, llegaron al caserío a practicar la diligencia.
Refirió que los comunitarios, al enterarse de las intenciones de las autoridades, hicieron sonar la campana de la escuela y alertaron a otros habitantes, quienes armados con palos y machetes, los amenazaron de muerte y les pidieron que se retiraran del caserío si no querían que hubiera derramamiento de sangre.
Con piedras y palos
Yoc puntualizó que decidieron abandonar la comunidad pacíficamente para evitar un enfrentamiento, pero fueron atacados desde los cafetales con piedras y palos.
Quedaron retenidos durante varios minutos, porque los vecinos colocaron barricadas en la entrada de la comunidad.
Afirmó que policías y soldados se internaron en las zonas boscosas para capturar a sus atacantes, pero éstos huyeron al centro de la comunidad.
Según la Policía, un líder de Pasín, quien no se identificó, confirmó que Juan Perechú estuvo retenido en el caserío, y los miembros del Comité de Seguridad exigían Q200 mil por entregarlo.
Pagaron Q20 mil
Domingo Perechú aseguró que un grupo de vecinos encapuchados lo citó antenoche en una zona motañosa. Él pagó Q20 mil en efectivo y le entregaron a su padre Juan Perechú, quien tenía lesiones.
Salvador Loarca, de la PDH de Santiago Atitlán, acotó que mediante el acta número 1-2006, el alcalde de Nahualá, Miguel Tzep, autorizó un reglamento para que los miembros de comités de seguridad de las aldeas y caseríos castiguen a los infractores de la ley y los hinquen durante una hora sobre piedrín.
Sin embargo, los líderes han optado también por azotarlos, golpearlos y cortarle el pelo a las mujeres.
Expuso que ayer sostuvieron una reunión con el gobernador Carlos Cumatz, y el alcalde Tzep para buscar una solución al conflicto.
Acordaron reunirse el próximo lunes con líderes de las comunidades de la bocacosta de Nahualá, para hacerles ver la importancia de evitar estos hechos.
Ovidio Paz, de la Auxiliatura Regional de la PDH de Sololá, puntualizó que los castigos comunales que se han impartido últimamente no están apegados al Derecho Maya, y constituyen hechos vandálicos que violan los derechos humanos de las personas.
03 October 2006
Vecinos castigan a otras 23 personas en Nahualá
Por Kenia Reyes
elPeriódico (03 oct 06)
Ayer [lunes 02 de octubre], vecinos de la aldea Sucubal con el apoyo de seis comunidades más de Nahualá, Sololá, castigaron a 18 mujeres y 5 hombres. Esto como resultado de la búsqueda de Domingo Perechú, supuesto líder de una banda que se dedica al tráfico de niños, dio a conocer el alcalde auxiliar Diego Ixtosoh Lux.
El jefe edil respaldó lo ocurrido pues se quiere evitar el comercio de niños en el municipio, ya que “no pueden ser vendidos como animales”. El domingo 1, tras un enfrentamiento con aldeanos de ese lugar, resultó una persona muerta, tres heridos y diez a quienes les cortaron el pelo y dieron de latigazos.
Este caso se suma al listado de 12 que el Organismo Judicial (OJ) describe como la aplicación del derecho consuetudinario o castigo maya. Los acusados son sancionados con azotes, con cortes de pelo al rape, obligados a hincarse sobre una tabla con tapas de aguas gaseosas o sobre piedras con una arroba de arena en la espalda.
Según el OJ, los casos se han registrado en los departamentos de Quiché, Sololá y Totonicapán por situaciones que van desde violación hasta oler pegamento, pasando por amenazas a vecinos, robo, vestir de forma diferente o usar corte de pelo distinto.
“Los vecinos de estas aldeas refieren que por la falta de justicia se aplican estas medidas, con las que se ocasiona un vacío legal. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) por falta de fondos no ha logrado una mayor cobertura en estos lugares”, refiere Guillermo Melgar, vocero de esa entidad.
Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, lamentó que esto ocurra. “Este tipo de castigos corporales divide a las comunidades. Se aplica una versión distorsionada del derecho consuetudinario, pues la justicia maya busca mantener la armonía”. Sus delegados en Suchitepéquez han recibido denuncias de este tipo.
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, intentaron llegar de nuevo a Sucubal, pero no les permitieron el paso. elPeriódico intentó comunicarse con el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y el director de la PNC, Erwin Sperisen, pero no contestaron las llamadas.
Rapados y azotados
En los disturbios registrados el domingo en el caserío de Nahualá, Sololá, los acusados de vender y comprar niños fueron azotados y rapados. Esta fue al menos la quinta ocasión en la que lugareños castigan a personas de esas aldeas de este departamento, por supuestos vínculos de aldeanos con el comercio de infantes.
El reporte policíaco de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, da cuenta que ese día fueron quemadas 26 casas y 2 picops. “No pudimos llegar al lugar, ya que los vecinos tenían llantas en las orillas de la carretera y nos advirtieron que no ingresáramos hasta que ellos aplicaran su ley”, dice un oficial.
El comisario de la subestación del lugar, Muralles Flores, explicó que a la Policía sólo le queda mediar para que entreguen a los detenidos, “pero a veces eso es difícil pues no tenemos traductores”.
Reacciones: ¿Derecho consuetudinario o una práctica distinta?
Álvaro Pop, analista político.
“La primera interpretación de los hechos es la impotencia de la sociedad por proveer justicia a la población. La gente hace lo que puede hacer. No se ha terminado de darle importancia a transformar el sistema de justicia y seguridad. En este tema de Sololá, no se puede afirmar que es parte de la cosmovisión indígena, hay que ser muy cuidadoso en el análisis. Es necesario investigar para ver si estos actos tienen el sustento de la visión ancestral indígena de la justicia o si son actos motivados por la impotencia del sistema”.
Vitalino Similox, coordinador del Foro Ecuménico.
“Esta gente podrá ser muy maya, pero sus prácticas de justicia no necesariamente lo son. Hay otras desviaciones y costumbres que se han adquirido y se han a-
prendido por la fuerza y matando. El derecho maya es respeto a la vida y a la persona. El derecho indígena en su esencia siempre se basó en la prevención creando condiciones para que las personas no lleguen al enfrentamiento. Lamentablemente, se llega a cualquier explicación del derecho consuetudinario aunque este tenga sus propios mecanismos y normas”.
Norma Quixtán, secretaria de la Paz.
“Nos preocupa porque le dan una connotación diferente. Lo que tenemos que entender es que los pueblos indígenas somos personas y como tal podemos estar desinformados de lo que consideramos un valor en nuestra cultura. En las comunidades existe un Consejo de Ancianos al cual llevan cualquier caso o disputa. Ellos lo analizan en el marco de los valores, la cultura y respeto de la tradición; si hay falta y puede ser reparada, se hace por medio de un servicio social a la comunidad, pero si es más grave lo trasladan a un juzgado del sistema de justicia legal.
elPeriódico (03 oct 06)
Ayer [lunes 02 de octubre], vecinos de la aldea Sucubal con el apoyo de seis comunidades más de Nahualá, Sololá, castigaron a 18 mujeres y 5 hombres. Esto como resultado de la búsqueda de Domingo Perechú, supuesto líder de una banda que se dedica al tráfico de niños, dio a conocer el alcalde auxiliar Diego Ixtosoh Lux.
El jefe edil respaldó lo ocurrido pues se quiere evitar el comercio de niños en el municipio, ya que “no pueden ser vendidos como animales”. El domingo 1, tras un enfrentamiento con aldeanos de ese lugar, resultó una persona muerta, tres heridos y diez a quienes les cortaron el pelo y dieron de latigazos.
Este caso se suma al listado de 12 que el Organismo Judicial (OJ) describe como la aplicación del derecho consuetudinario o castigo maya. Los acusados son sancionados con azotes, con cortes de pelo al rape, obligados a hincarse sobre una tabla con tapas de aguas gaseosas o sobre piedras con una arroba de arena en la espalda.
Según el OJ, los casos se han registrado en los departamentos de Quiché, Sololá y Totonicapán por situaciones que van desde violación hasta oler pegamento, pasando por amenazas a vecinos, robo, vestir de forma diferente o usar corte de pelo distinto.
“Los vecinos de estas aldeas refieren que por la falta de justicia se aplican estas medidas, con las que se ocasiona un vacío legal. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) por falta de fondos no ha logrado una mayor cobertura en estos lugares”, refiere Guillermo Melgar, vocero de esa entidad.
Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, lamentó que esto ocurra. “Este tipo de castigos corporales divide a las comunidades. Se aplica una versión distorsionada del derecho consuetudinario, pues la justicia maya busca mantener la armonía”. Sus delegados en Suchitepéquez han recibido denuncias de este tipo.
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, intentaron llegar de nuevo a Sucubal, pero no les permitieron el paso. elPeriódico intentó comunicarse con el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y el director de la PNC, Erwin Sperisen, pero no contestaron las llamadas.
Rapados y azotados
En los disturbios registrados el domingo en el caserío de Nahualá, Sololá, los acusados de vender y comprar niños fueron azotados y rapados. Esta fue al menos la quinta ocasión en la que lugareños castigan a personas de esas aldeas de este departamento, por supuestos vínculos de aldeanos con el comercio de infantes.
El reporte policíaco de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, da cuenta que ese día fueron quemadas 26 casas y 2 picops. “No pudimos llegar al lugar, ya que los vecinos tenían llantas en las orillas de la carretera y nos advirtieron que no ingresáramos hasta que ellos aplicaran su ley”, dice un oficial.
El comisario de la subestación del lugar, Muralles Flores, explicó que a la Policía sólo le queda mediar para que entreguen a los detenidos, “pero a veces eso es difícil pues no tenemos traductores”.
Reacciones: ¿Derecho consuetudinario o una práctica distinta?
Álvaro Pop, analista político.
“La primera interpretación de los hechos es la impotencia de la sociedad por proveer justicia a la población. La gente hace lo que puede hacer. No se ha terminado de darle importancia a transformar el sistema de justicia y seguridad. En este tema de Sololá, no se puede afirmar que es parte de la cosmovisión indígena, hay que ser muy cuidadoso en el análisis. Es necesario investigar para ver si estos actos tienen el sustento de la visión ancestral indígena de la justicia o si son actos motivados por la impotencia del sistema”.
Vitalino Similox, coordinador del Foro Ecuménico.
“Esta gente podrá ser muy maya, pero sus prácticas de justicia no necesariamente lo son. Hay otras desviaciones y costumbres que se han adquirido y se han a-
prendido por la fuerza y matando. El derecho maya es respeto a la vida y a la persona. El derecho indígena en su esencia siempre se basó en la prevención creando condiciones para que las personas no lleguen al enfrentamiento. Lamentablemente, se llega a cualquier explicación del derecho consuetudinario aunque este tenga sus propios mecanismos y normas”.
Norma Quixtán, secretaria de la Paz.
“Nos preocupa porque le dan una connotación diferente. Lo que tenemos que entender es que los pueblos indígenas somos personas y como tal podemos estar desinformados de lo que consideramos un valor en nuestra cultura. En las comunidades existe un Consejo de Ancianos al cual llevan cualquier caso o disputa. Ellos lo analizan en el marco de los valores, la cultura y respeto de la tradición; si hay falta y puede ser reparada, se hace por medio de un servicio social a la comunidad, pero si es más grave lo trasladan a un juzgado del sistema de justicia legal.
02 October 2006
Disturbios: 1 muerto y 28 casas quemadas
Por Nery Morales y Fredy Rodas
Prensa Libre (02 Oct 06)
Un muerto, 12 capturados y 28 casas y cinco carros quemados fue el saldo que dejó el enfrentamiento entre los residentes de varias comunidades que invadieron la aldea Tzucubal, Santa Catarina Ixtahuacán, con el propósito de castigar a un grupo de personas acusadas de vender niños.
“En este lugar murió a machetazos Manuel Tzuy Tambriz, de 24 años; tres vecinos más fueron trasladados al hospital de Mazatenango, donde se recuperan”, informó Héctor Castellanos, comisario de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Policía afirmó que el conflicto comenzó a las 5.30 horas, cuando pobladores del caserío Patzín, Xejuyup, Pasajquín, Palacal y otras comunidades se enfrentaron a balazos y machetazos con una banda acusada de tráfico de niños, en la aldea Tzucubal.
Henry López, subdirector de Seguridad Pública de la PNC, aseveró que los aldeanos acusan a Domingo Perechú y a María Tzuy de vender niños.
“Tenemos información de que cuando a la señora Tzuy, quien es comadrona, intentaban azotarla, sus familiares salieron a defenderla”, dijo el jefe policial.
Según los vecinos, el enfrentamiento fue provocado cuando Perechú arremetió contra los inconformes y escapó con sus guardaespaldas.
Aunque la PNC declaró que un hombre fue muerto, los aldeanos señalan que hay otros tres, extremo que no se pudo comprobar.
Hasta anoche, Manuel Suy Tambriz, de 27, era el único muerto identificado y su cadáver lo encontraron con heridas de arma blanca en el cráneo y varios dedos de una mano amputados. “Los otros tres muertos fueron llevados por los mismos vecinos a sus comunidades sin ser identificados”, expresó uno los residentes del lugar.
Los bomberos Voluntarios y Municipales trasladaron heridos al hospital de Mazatenango a Juan Tzep Saquic, de 30; Manuel Mach Ixtoj, de 23; Lorenzo Mach Ajcalaj, de 50; Abraham Marroquín, de 33, y Manuel Cotí, de 23, con heridas en el pómulo izquierdo.
La Policía confirmó la captura de 12 personas, entre ellas 10 mujeres a quienes los aldeanos amarraron, cortaron el pelo y azotaron.
Los aprehendidos son Juan Sac, de 30; Teresa Ortiz, de 35; Paulina Xub Sac, de 19; Lucas Ixtoj, de 36; Domingo Soc, de 20; Manuel Tzum, de 43; Isabel Tulul, de 48; Micaela Mass, de 20; Catalina Mass, de 40; María Tzuy, de 30; Ixabela Perechú, de 18, y Catarina Marroquín, de 30.
Óscar Aguilar, portavoz de los Bomberos Voluntarios, afirmó que no pudieron permanecer en el lugar porque los residentes los obligaron a salir.
“Tenemos controlada la situación con un contingente de 200 efectivos de la PNC, no hubo ningún enfrentamiento y no se utilizó la fuerza para ingresar”, expresó el subdirector de la PNC.
Prensa Libre (02 Oct 06)
Un muerto, 12 capturados y 28 casas y cinco carros quemados fue el saldo que dejó el enfrentamiento entre los residentes de varias comunidades que invadieron la aldea Tzucubal, Santa Catarina Ixtahuacán, con el propósito de castigar a un grupo de personas acusadas de vender niños.
“En este lugar murió a machetazos Manuel Tzuy Tambriz, de 24 años; tres vecinos más fueron trasladados al hospital de Mazatenango, donde se recuperan”, informó Héctor Castellanos, comisario de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Policía afirmó que el conflicto comenzó a las 5.30 horas, cuando pobladores del caserío Patzín, Xejuyup, Pasajquín, Palacal y otras comunidades se enfrentaron a balazos y machetazos con una banda acusada de tráfico de niños, en la aldea Tzucubal.
Henry López, subdirector de Seguridad Pública de la PNC, aseveró que los aldeanos acusan a Domingo Perechú y a María Tzuy de vender niños.
“Tenemos información de que cuando a la señora Tzuy, quien es comadrona, intentaban azotarla, sus familiares salieron a defenderla”, dijo el jefe policial.
Según los vecinos, el enfrentamiento fue provocado cuando Perechú arremetió contra los inconformes y escapó con sus guardaespaldas.
Aunque la PNC declaró que un hombre fue muerto, los aldeanos señalan que hay otros tres, extremo que no se pudo comprobar.
Hasta anoche, Manuel Suy Tambriz, de 27, era el único muerto identificado y su cadáver lo encontraron con heridas de arma blanca en el cráneo y varios dedos de una mano amputados. “Los otros tres muertos fueron llevados por los mismos vecinos a sus comunidades sin ser identificados”, expresó uno los residentes del lugar.
Los bomberos Voluntarios y Municipales trasladaron heridos al hospital de Mazatenango a Juan Tzep Saquic, de 30; Manuel Mach Ixtoj, de 23; Lorenzo Mach Ajcalaj, de 50; Abraham Marroquín, de 33, y Manuel Cotí, de 23, con heridas en el pómulo izquierdo.
La Policía confirmó la captura de 12 personas, entre ellas 10 mujeres a quienes los aldeanos amarraron, cortaron el pelo y azotaron.
Los aprehendidos son Juan Sac, de 30; Teresa Ortiz, de 35; Paulina Xub Sac, de 19; Lucas Ixtoj, de 36; Domingo Soc, de 20; Manuel Tzum, de 43; Isabel Tulul, de 48; Micaela Mass, de 20; Catalina Mass, de 40; María Tzuy, de 30; Ixabela Perechú, de 18, y Catarina Marroquín, de 30.
Óscar Aguilar, portavoz de los Bomberos Voluntarios, afirmó que no pudieron permanecer en el lugar porque los residentes los obligaron a salir.
“Tenemos controlada la situación con un contingente de 200 efectivos de la PNC, no hubo ningún enfrentamiento y no se utilizó la fuerza para ingresar”, expresó el subdirector de la PNC.
En caserío de Nahualá castigan a diez personas
En elPeriódico (02 0ct 06)
Al menos un muerto, tres heridos y diez personas a quienes les cortaron el cabello y dieron de latigazos, así como 26 viviendas destruidas y 2 vehículos incendiados fue el saldo de un disturbio ocurrido en el caserío Sucubal, en Nahualá, Sololá.
De acuerdo con Wilfredo Marroquín, oficial de la Policía Nacional Civil, vecinos de cuatro aldeas llegaron al caserío en horas de la madrugada, en busca de supuestos traficantes de niños.
“El grupo capturó a ocho mujeres y dos hombres a quienes les aplicaron el castigo maya, los raparon y les dieron de latigazos, en tanto que tres personas huyeron”, indicó Marroquín.
El fallecido presentaba heridas con machete, y los heridos fueron trasladados al hospital de Mazatenango.
La PNC logró restablecer el orden en el lugar después de las 15:30 horas; antes, los vecinos no permitieron su ingreso.
Al menos un muerto, tres heridos y diez personas a quienes les cortaron el cabello y dieron de latigazos, así como 26 viviendas destruidas y 2 vehículos incendiados fue el saldo de un disturbio ocurrido en el caserío Sucubal, en Nahualá, Sololá.
De acuerdo con Wilfredo Marroquín, oficial de la Policía Nacional Civil, vecinos de cuatro aldeas llegaron al caserío en horas de la madrugada, en busca de supuestos traficantes de niños.
“El grupo capturó a ocho mujeres y dos hombres a quienes les aplicaron el castigo maya, los raparon y les dieron de latigazos, en tanto que tres personas huyeron”, indicó Marroquín.
El fallecido presentaba heridas con machete, y los heridos fueron trasladados al hospital de Mazatenango.
La PNC logró restablecer el orden en el lugar después de las 15:30 horas; antes, los vecinos no permitieron su ingreso.
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