Por Óscar Toledo
Prensa Libre (27 set 06)
Santa Cruz Quiché, Quiché. – Tres presuntos violadores fueron azotados por pobladores de la comunidad Xatinap V, la noche del lunes, señalados de haber querido abusar sexualmente de dos niñas.
El jueves último, vecinos de la zona 3 de Santa Cruz del Quiché habían detenido a Benjamín Torres Gámez, de 22 años, a quien ataron a un poste. Posteriormente fue entregado a la Policía Nacional Civil.
Los otros jóvenes castigados fueron Antonio Margarito Zapeta y Oswaldo Batz Tum, ambos de 18.
Según integrantes del comité de vigilancia local, los detenidos son acusados de haber violado a dos niñas, de 11 y 13 años.
Vecinos se levantan
Después que los pobladores entregaron a Torres Gámez a la Policía, ésta lo dejó en libertad el viernes, por falta de pruebas.
Molestos, volvieron a detenerlo, y lo obligaron a identificar a los otros individuos que lo habían acompañado la noche anterior (el jueves) para cometer su fechoría. Para entonces, Torres Gámez se había cortado el cabello.
Los líderes de la comunidad convocaron al comité de vigilancia de la zona 3 y a las familias de las adolescentes afectadas, para que identificasen a los tres hombres.
Posteriormente, con la declaración pública de vecinos y familiares, llevaron a cabo un juicio comunitario, cuyos integrantes terminaron por sentenciar a los tres jóvenes a recibir 20 azotes cada uno.
Este proceso tuvo lugar en el salón de usos múltiples de la comunidad y duró unas tres horas.
“Que los conozcan...”
Pablo Zacarías, uno de los participantes en el tribunal comunitario, calificó de “vergüenza” que la Prensa publique fotos de vecinos cometiendo hechos contra las normas de buena conducta, y después, que éstos vayan libres como si nada hubiera pasado.
“Por eso decidimos junto a los líderes, darles el castigo que merecen para que la población se dé cuenta de que nosotros no aceptamos conductas malsanas, porque somos gente pacífica y trabajadora”, insistió Zacarías.
Justicia efectiva
Marcelina Reynoso, otra integrante del comité de vigilancia, criticó que mucha gente critique las prácticas indígenas para castigar a quienes incurren en alguna falta. Sin embargo, enfatizó: “Es mucho más efectiva que la ley estatal”.
Varios pobladores criticaron también que la Policía hubiera dejado libre a Torres Gámez sin haber investigado su culpabilidad o inocencia en el delito que se le imputa.
“Aquí los dirigentes castigaron a Torres Gámez y encontraron a los otros muchachos involucrados”, dijo Reynoso.
El castigo les fue impuesto en horas de la noche del lunes por familiares de las víctimas y líderes comunitarios.
A manos del pueblo
La “justicia indígena” ha sido aplicada en varias comunidades de occidente.
El 19 de septiembre pasado, dos hombres se salvaron de morir linchados en San Vicente Pacaya, tras intentar robar un negocio.
El 13 de agosto, doce personas se salvaron de ser linchadas en Pasajquín, aldea Pacalal (Nahualá, Sololá), señalados de haber vendido niños.
El 18 de julio, dos hombres iban a ser linchados en San Cristóbal Totonicapán, tras ser acusados de intentar violar a una niña de 9 años.
27 September 2006
25 September 2006
Critican castigos mayas
En Prensa Libre (25 set 06)
Los últimos acontecimientos en varios poblados indígenas de Guatemala, donde supuestos delincuentes han sido castigados con métodos que rebasan los parámetros establecidos por el Derecho Maya, han recibido las críticas de los conocedores de este método de resolución de conflictos, quienes explican el verdadero espíritu de la norma ancestral.
Según Cerigua, en algunos casos, como los ocurridos recientemente en Sololá, los “castigos” se han convertido en linchamientos, pues los supuestos autores de los ilícitos han sido azotados hasta la saciedad por los parientes y las autoridades comunitarias, quienes también emiten otras condenas.
El Derecho Maya se aplica para agilizar algunos procesos y evitar llegar a los tribunales oficiales, bajo la vía de la conciliación, con lo que se intenta mejorar la aplicación de la justicia y sentar las bases para un verdadero estado de Derecho, indicó la Defensoría Maya.
Este sistema tiene una estructura propia, establecida por diferentes comunidades a lo largo de los siglos; su funcionamiento se basa en un conjunto de valores, principios, normas y mecanismos de solución de conflictos, así como las autoridades apropiadas para desarrollarlas, señaló un documento de la referida entidad étnica.
El Derecho Maya aplica sanciones según el delito o falta, con lo que se busca que el sindicado reflexione y sirva como ejemplo para otros; los castigos siempre van encaminados a realizar trabajos de beneficio para la comunidad, agregó la entidad étnica.
Un ejemplo correcto de aplicación del sistema ancestral es el ocurrido en mayo de 2006 en Totonicapán, cuando varios sindicados de robar madera fueron sometidos a un juicio público, con la presencia de las autoridades comunitarias, la Policía Nacional Civil y funcionarios que velan por la conservación de la naturaleza.
Los últimos acontecimientos en varios poblados indígenas de Guatemala, donde supuestos delincuentes han sido castigados con métodos que rebasan los parámetros establecidos por el Derecho Maya, han recibido las críticas de los conocedores de este método de resolución de conflictos, quienes explican el verdadero espíritu de la norma ancestral.
Según Cerigua, en algunos casos, como los ocurridos recientemente en Sololá, los “castigos” se han convertido en linchamientos, pues los supuestos autores de los ilícitos han sido azotados hasta la saciedad por los parientes y las autoridades comunitarias, quienes también emiten otras condenas.
El Derecho Maya se aplica para agilizar algunos procesos y evitar llegar a los tribunales oficiales, bajo la vía de la conciliación, con lo que se intenta mejorar la aplicación de la justicia y sentar las bases para un verdadero estado de Derecho, indicó la Defensoría Maya.
Este sistema tiene una estructura propia, establecida por diferentes comunidades a lo largo de los siglos; su funcionamiento se basa en un conjunto de valores, principios, normas y mecanismos de solución de conflictos, así como las autoridades apropiadas para desarrollarlas, señaló un documento de la referida entidad étnica.
El Derecho Maya aplica sanciones según el delito o falta, con lo que se busca que el sindicado reflexione y sirva como ejemplo para otros; los castigos siempre van encaminados a realizar trabajos de beneficio para la comunidad, agregó la entidad étnica.
Un ejemplo correcto de aplicación del sistema ancestral es el ocurrido en mayo de 2006 en Totonicapán, cuando varios sindicados de robar madera fueron sometidos a un juicio público, con la presencia de las autoridades comunitarias, la Policía Nacional Civil y funcionarios que velan por la conservación de la naturaleza.
23 September 2006
Repertorio de castigos públicos: aprendizaje por imitación
Por Carlos Mendoza
Uno de mis argumentos sobre los linchamientos en Guatemala es que los métodos de castigo público y violento han sido incorporados al repertorio de las comunidades indígenas de Guatemala por medio del aprendizaje por imitación.
Es decir, que si bien los antecedentes del uso de la violencia extrema como forma de castigo público con determinados fines han sido introducidos por agentes externos a las comunidades indígenas (por ejemplo, la guerrilla y el ejército en tiempos del conflicto armado interno), dichas comunidades los han incorporado en su repertorio de métodos para el control social.
Al respecto, me encontré con dos ilustraciones antiguas. La primera muestra el castigo público en época colonial que los españoles aplicaban a los indígenas. Es el mismo método que ahora los indígenas aplican contra los que cometen alguna falta considerada grave en sus comunidades: latigazos y corte de pelo. Al respecto ver noticias recientes en Guatemala.
Maltrato de los españoles contra los indígenas en el territorio que hoy se conoce como Costa Rica.
Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.
La segunda ilustración presenta a los indígenas atacando a un fraile franciscano, seguramente alguien que arremetió contra sus costumbres y creencias. En este caso, parece que la comunidad quería dejar un precedente para futuros misioneros. Realmente no lo sabemos, pero especulamos algo plausible porque se trata, nuevamente, de un castigo público y extremadamente violento.
Levantamiento de los indígenas de Talamanca contra los misioneros.
Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.
Uno de mis argumentos sobre los linchamientos en Guatemala es que los métodos de castigo público y violento han sido incorporados al repertorio de las comunidades indígenas de Guatemala por medio del aprendizaje por imitación.
Es decir, que si bien los antecedentes del uso de la violencia extrema como forma de castigo público con determinados fines han sido introducidos por agentes externos a las comunidades indígenas (por ejemplo, la guerrilla y el ejército en tiempos del conflicto armado interno), dichas comunidades los han incorporado en su repertorio de métodos para el control social.
Al respecto, me encontré con dos ilustraciones antiguas. La primera muestra el castigo público en época colonial que los españoles aplicaban a los indígenas. Es el mismo método que ahora los indígenas aplican contra los que cometen alguna falta considerada grave en sus comunidades: latigazos y corte de pelo. Al respecto ver noticias recientes en Guatemala.
Maltrato de los españoles contra los indígenas en el territorio que hoy se conoce como Costa Rica.
Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.
La segunda ilustración presenta a los indígenas atacando a un fraile franciscano, seguramente alguien que arremetió contra sus costumbres y creencias. En este caso, parece que la comunidad quería dejar un precedente para futuros misioneros. Realmente no lo sabemos, pero especulamos algo plausible porque se trata, nuevamente, de un castigo público y extremadamente violento.
Levantamiento de los indígenas de Talamanca contra los misioneros.
Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.
07 September 2006
Hay más comunidades con su "ley"
Por Coralia Orantes
Prensa Libre (7 set 06)
No sólo en San Miguel Acatán, Huehuetenango, los pobladores han hecho sus propias “leyes”; la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reporta que ocurre lo mismo en ocho lugares más.
Ayer se enumeró en una nota de este diario que en San Miguel Acatán se castigan 84 “delitos”, impuestos por una junta presidida por el alcalde; éstos van desde la prohibición de caminar por la calle después de las 21 horas, hasta la proscripción de aretes para varones.
Rolando Yoc, director de Incidencia Política de la PDH, explicó que cuatro lugares de Quiché y similar número en Sololá han creado su propia “ley”.
En Sololá se cuentan Santa Catarina Ixtahuacán, Sajul, Tzucubal y Nahualá. En Quiché están Nebaj, Acul, Saquiej y Santa Cruz del Quiché.
El argumento de los habitantes es que hay impunidad y poca efectividad del sistema de justicia.
La PDH afirmó que iniciaron una investigación para determinar si existen otros municipios de ese departamento con las mismas o parecidas disposiciones.
Eliú Higueros, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que la labor urgente es hacer volver al estado de Derecho a estas comunidades.
En uno de los municipios de Quiché se prohibe enterrar a las personas que hayan muerto en el extranjero, no se acepta la presencia de la Policía y se obliga a los vecinos a realizar las rondas respectivas.
Prensa Libre (7 set 06)
No sólo en San Miguel Acatán, Huehuetenango, los pobladores han hecho sus propias “leyes”; la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reporta que ocurre lo mismo en ocho lugares más.
Ayer se enumeró en una nota de este diario que en San Miguel Acatán se castigan 84 “delitos”, impuestos por una junta presidida por el alcalde; éstos van desde la prohibición de caminar por la calle después de las 21 horas, hasta la proscripción de aretes para varones.
Rolando Yoc, director de Incidencia Política de la PDH, explicó que cuatro lugares de Quiché y similar número en Sololá han creado su propia “ley”.
En Sololá se cuentan Santa Catarina Ixtahuacán, Sajul, Tzucubal y Nahualá. En Quiché están Nebaj, Acul, Saquiej y Santa Cruz del Quiché.
El argumento de los habitantes es que hay impunidad y poca efectividad del sistema de justicia.
La PDH afirmó que iniciaron una investigación para determinar si existen otros municipios de ese departamento con las mismas o parecidas disposiciones.
Eliú Higueros, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que la labor urgente es hacer volver al estado de Derecho a estas comunidades.
En uno de los municipios de Quiché se prohibe enterrar a las personas que hayan muerto en el extranjero, no se acepta la presencia de la Policía y se obliga a los vecinos a realizar las rondas respectivas.
06 September 2006
La paradoja de San Miguel Acatán
Por Carlos A. Mendoza
Ciudad de Guatemala (6 set 06)
Como se puede observar en los artículos publicados por Prensa Libre (ver abajo), se ha desatado una polémica en torno a la tipificación de "delitos" y la imposición de ciertas penas a los supuestos infractores de la “ley local” decretada por los pobladores y autoridades municipales de San Miguel Acatán, Huehuetenango.
Para entender lo que allí está sucediendo es importante ver las estadísticas de violencia homicida de este municipio. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2004, Homicidios 1986-2003. CD-ROM.), de 1986 al 2003, Acatán aparece como un lugar pacífico.
Tabla 1
San Miguel Acatán: Tasas anuales de homicidios por cada 100,000 habitantes, 1986-2003
Año Tasa
1986: 0
1987: 0
1988: 0
1989: 0
1990: 6
1991: 0
1992: 0
1993: 5
1994: 16
1995: 5
1996: 5
1997: 0
1998: 0
1999: 0
2000: 0
2001: 5
2002: 0
2003: 9
Promedio: 3
La Tabla 1 muestra las tasas de homicidio del municipio y su promedio anual. En ese mismo período, la tasa promedio anual del país fue de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes, por lo que la tasa de Acatán es bastante baja (3), incluso en comparaciones internacionales. En América Latina, sólo Chile mostró una tasa igualmente baja, en el período 1990-94.
Habría que investigar qué pasó en el año 1994, cuando se presenta una tasa extraordinariamente alta para el municipio (16). Por otro lado, podría ser que a partir del 2003 se ha dado algún incremento. Aún no lo sabemos con los datos del INE. Pero lo cierto es que, históricamente, se puede considerar como un municipio donde no ha reinado la violencia. En contraste, tenemos municipios donde la violencia homicida es realmente espeluznante: San Benito, Petén (237), Cuilapa, Santa Rosa (140), San José Acatempa, Jutiapa (140).
En el ranking nacional de violencia homicida a nivel municipal que he elaborado, San Miguel Acatán ocupa el puesto 288 de 331, es decir que se encuentra entre los 50 municipios más pacíficos (o menos violentos) del país. Entonces, ¿por qué han decidido implantar esas medidas tan drásticas de control social?
En lo que respecta a violencia colectiva, es decir, linchamientos, San Miguel Acatán también aparece sin “mancha” en su record. Es uno de los municipios del Occidente del país donde la MINUGUA (2004, Registros de Casos de Linchamientos 1996-2002. CD-ROM) no encontró ningún caso de linchamiento en el período 1996-2002. Esto parece indicar que en dicho lugar no hubo casos serios de delincuencia común o crimen organizado que provocaran la reacción violenta y colectiva de la comunidad.
Es indispensable tener cifras de violencia y delincuencia del 2004 al 2006 para saber si algo grave ha estado ocurriendo en el municipio. Posiblemente se ha incrementado la delincuencia común, y dados los históricos niveles de tranquilidad en el municipio, los pobladores perciben que deben “hacer algo” al respecto. Muestran un bajo nivel de tolerancia ante la delincuencia. Eso parece muy positivo, en un país donde nos hemos acostumbrado, sin inmutarnos, a ver cadáveres todos los días en las páginas de los diarios.
Los métodos de control social de San Miguel Acatán serán condenables y su procedimiento ilegal, pero está dando una señal inequívoca: “aquí hay tolerancia cero hacia quienes violan las normas de la comunidad.” A lo mejor este es el tipo de enforcement de las normas que requiere el país, dirán los que abogan por “mano dura”. No lo sé. Pero este no es un simple caso de “tragicomedia” guatemalteca, es un caso para el estudio de los científicos sociales.
Ciudad de Guatemala (6 set 06)
Como se puede observar en los artículos publicados por Prensa Libre (ver abajo), se ha desatado una polémica en torno a la tipificación de "delitos" y la imposición de ciertas penas a los supuestos infractores de la “ley local” decretada por los pobladores y autoridades municipales de San Miguel Acatán, Huehuetenango.
Para entender lo que allí está sucediendo es importante ver las estadísticas de violencia homicida de este municipio. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2004, Homicidios 1986-2003. CD-ROM.), de 1986 al 2003, Acatán aparece como un lugar pacífico.
Tabla 1
San Miguel Acatán: Tasas anuales de homicidios por cada 100,000 habitantes, 1986-2003
Año Tasa
1986: 0
1987: 0
1988: 0
1989: 0
1990: 6
1991: 0
1992: 0
1993: 5
1994: 16
1995: 5
1996: 5
1997: 0
1998: 0
1999: 0
2000: 0
2001: 5
2002: 0
2003: 9
Promedio: 3
La Tabla 1 muestra las tasas de homicidio del municipio y su promedio anual. En ese mismo período, la tasa promedio anual del país fue de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes, por lo que la tasa de Acatán es bastante baja (3), incluso en comparaciones internacionales. En América Latina, sólo Chile mostró una tasa igualmente baja, en el período 1990-94.
Habría que investigar qué pasó en el año 1994, cuando se presenta una tasa extraordinariamente alta para el municipio (16). Por otro lado, podría ser que a partir del 2003 se ha dado algún incremento. Aún no lo sabemos con los datos del INE. Pero lo cierto es que, históricamente, se puede considerar como un municipio donde no ha reinado la violencia. En contraste, tenemos municipios donde la violencia homicida es realmente espeluznante: San Benito, Petén (237), Cuilapa, Santa Rosa (140), San José Acatempa, Jutiapa (140).
En el ranking nacional de violencia homicida a nivel municipal que he elaborado, San Miguel Acatán ocupa el puesto 288 de 331, es decir que se encuentra entre los 50 municipios más pacíficos (o menos violentos) del país. Entonces, ¿por qué han decidido implantar esas medidas tan drásticas de control social?
En lo que respecta a violencia colectiva, es decir, linchamientos, San Miguel Acatán también aparece sin “mancha” en su record. Es uno de los municipios del Occidente del país donde la MINUGUA (2004, Registros de Casos de Linchamientos 1996-2002. CD-ROM) no encontró ningún caso de linchamiento en el período 1996-2002. Esto parece indicar que en dicho lugar no hubo casos serios de delincuencia común o crimen organizado que provocaran la reacción violenta y colectiva de la comunidad.
Es indispensable tener cifras de violencia y delincuencia del 2004 al 2006 para saber si algo grave ha estado ocurriendo en el municipio. Posiblemente se ha incrementado la delincuencia común, y dados los históricos niveles de tranquilidad en el municipio, los pobladores perciben que deben “hacer algo” al respecto. Muestran un bajo nivel de tolerancia ante la delincuencia. Eso parece muy positivo, en un país donde nos hemos acostumbrado, sin inmutarnos, a ver cadáveres todos los días en las páginas de los diarios.
Los métodos de control social de San Miguel Acatán serán condenables y su procedimiento ilegal, pero está dando una señal inequívoca: “aquí hay tolerancia cero hacia quienes violan las normas de la comunidad.” A lo mejor este es el tipo de enforcement de las normas que requiere el país, dirán los que abogan por “mano dura”. No lo sé. Pero este no es un simple caso de “tragicomedia” guatemalteca, es un caso para el estudio de los científicos sociales.
En Acatán rigen 84 "delitos"
Por Coralia Orantes
Prensa Libre (6 set 06)
Embriagarse en días hábiles, quebrar envases en la vía pública, andar en la calle después de las 21 horas o las violaciones por la noche figuran entre las 84 prohibiciones que rigen en San Miguel Acatán, Huehuetenango, impuestas por una junta que preside el alcalde.
Con el argumento de que la población está cansada de la impunidad, la junta de seguridad local creó su propia “ley”, que lleva más de dos meses de vigencia.
Desde junio de este año, 102 vecinos y autoridades municipales firmaron un acta que creó “delitos” como alcoholismo en días hábiles, pintar casas o paredes, quebrar envases en la calle en estado de ebriedad, hombres que usan aretes, pelo largo y tatuajes, pintas en el cementerio o andar en la calle después de las 21 horas.
Pascual Tomás José, alcalde del municipio (FRG), explicó que tomaron esas medidas debido al repunte de malhechores. Aseguró que desde que crearon esas normas han disminuido los delitos. “Ya se han aplicado castigos como hacer limpieza, latigazos o hincarse en piedras o maíz”, reconoció.
El 21 de agosto último, los pobladores retuvieron durante seis horas al juez local, a fin de impedir que efectuara un recurso de exhibición personal a favor de unos detenidos. El juez fue trasladado, por amenazas de muerte.
En noviembre pasado, fue retirada la subestación policial, luego de que fue atacada por vecinos inconformes con una captura.
Lo prohibido
Irrespetar estas normas puede implicar desde latigazos hasta cárcel:
Violación de menores. Violación por la noche. Aborto. Divorcio. Falsificar billetes. Castigo a maestros que no trabajen cinco días de la semana. Calumnias. Problema de movimiento de mojones. Secuestrar, traficar droga. Drogadictos. Delincuentes. Escándalo en la vía pública. Falsificación de documentos. Generar basura. Personas abusivas. Jugar baloncesto de noche. Embriagarse en días hábiles. Incumplimiento a altas horas de la noche. Pintar casas o paredes. Venta de licor por la noche. Portar armas. Robar muertos. Escándalo en la noche. Quebrar envases en la calle y en estado de ebriedad. Usar aretes, pelo largo y tatuajes (para hombres). Robo de niños. Robo en general. Sobornos. Orinar en la calle, parque y mercado. Robar caballos, pollos, carros, siembras y otros bienes. Pintar cementerios. Brujería. Incumplimiento de edad anciana. Padres que no educan a sus hijos. Autoridades que no cumplen con su deber. Criticar a cualquier persona. Deudas. Problemas con nacimientos de agua. Venganza. Accidentes por ebriedad. Tarjetas falsas de celulares. Conducta de pandilleros. Líos de transportistas. Pleitos de vendedores. Quebrar mesas de vendedores. Desintegración familiar. Invadir propiedad privada con animales.
Población
San Miguel Acatán, Huehuetenango.
Población: 21 mil 805 habitantes.
Idioma: Akateko
Producción: Los pobladores se dedican a la fabricación de faroles, balcones y lámparas.
Cultivos: Sobresalen las siembras de café, maíz, frijol, cebada, papa y legumbres.
La entrevista
Luis Fernández Molina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, considera que lo que ocurre en San Miguel Acatán es un llamado de atención a todos los actores del sistema de justicia.
¿Cómo ven la aplicación de una ley paralela en ese municipio?
Estas acciones no están autorizadas, no podemos permitir que se vayan creando bolsones de leyes que son incompatibles con el sistema de justicia. Además, son poco técnicas, exageradas y hasta de contenido casi jocoso. Aparte es el tema del derecho indígena.
¿Ustedes emprenderán alguna acción ante lo acontecido?
Por el momento no, pero si la situación se agrava, debemos tomar alguna acción. El tema es preocupante. Es una llamada de atención a todos los actores del sector justicia para tomar cartas en el asunto.
El argumento de ellos es que no hay justicia.
Es entendible, debido a la presencia muy limitada de las instituciones en el lugar, pero no justificable. Esto es inadmisible.
¿En qué otras comunidades existen similares problemas?
Básicamente estamos hablando de algunos municipios de Huehuetenango. Gracias a Dios, no ha llegado a más, pero el problema es que otras comunidades podrían imitar o tomar este patrón para aplicar su propia ley.
Prensa Libre (6 set 06)
Embriagarse en días hábiles, quebrar envases en la vía pública, andar en la calle después de las 21 horas o las violaciones por la noche figuran entre las 84 prohibiciones que rigen en San Miguel Acatán, Huehuetenango, impuestas por una junta que preside el alcalde.
Con el argumento de que la población está cansada de la impunidad, la junta de seguridad local creó su propia “ley”, que lleva más de dos meses de vigencia.
Desde junio de este año, 102 vecinos y autoridades municipales firmaron un acta que creó “delitos” como alcoholismo en días hábiles, pintar casas o paredes, quebrar envases en la calle en estado de ebriedad, hombres que usan aretes, pelo largo y tatuajes, pintas en el cementerio o andar en la calle después de las 21 horas.
Pascual Tomás José, alcalde del municipio (FRG), explicó que tomaron esas medidas debido al repunte de malhechores. Aseguró que desde que crearon esas normas han disminuido los delitos. “Ya se han aplicado castigos como hacer limpieza, latigazos o hincarse en piedras o maíz”, reconoció.
El 21 de agosto último, los pobladores retuvieron durante seis horas al juez local, a fin de impedir que efectuara un recurso de exhibición personal a favor de unos detenidos. El juez fue trasladado, por amenazas de muerte.
En noviembre pasado, fue retirada la subestación policial, luego de que fue atacada por vecinos inconformes con una captura.
Lo prohibido
Irrespetar estas normas puede implicar desde latigazos hasta cárcel:
Violación de menores. Violación por la noche. Aborto. Divorcio. Falsificar billetes. Castigo a maestros que no trabajen cinco días de la semana. Calumnias. Problema de movimiento de mojones. Secuestrar, traficar droga. Drogadictos. Delincuentes. Escándalo en la vía pública. Falsificación de documentos. Generar basura. Personas abusivas. Jugar baloncesto de noche. Embriagarse en días hábiles. Incumplimiento a altas horas de la noche. Pintar casas o paredes. Venta de licor por la noche. Portar armas. Robar muertos. Escándalo en la noche. Quebrar envases en la calle y en estado de ebriedad. Usar aretes, pelo largo y tatuajes (para hombres). Robo de niños. Robo en general. Sobornos. Orinar en la calle, parque y mercado. Robar caballos, pollos, carros, siembras y otros bienes. Pintar cementerios. Brujería. Incumplimiento de edad anciana. Padres que no educan a sus hijos. Autoridades que no cumplen con su deber. Criticar a cualquier persona. Deudas. Problemas con nacimientos de agua. Venganza. Accidentes por ebriedad. Tarjetas falsas de celulares. Conducta de pandilleros. Líos de transportistas. Pleitos de vendedores. Quebrar mesas de vendedores. Desintegración familiar. Invadir propiedad privada con animales.
Población
San Miguel Acatán, Huehuetenango.
Población: 21 mil 805 habitantes.
Idioma: Akateko
Producción: Los pobladores se dedican a la fabricación de faroles, balcones y lámparas.
Cultivos: Sobresalen las siembras de café, maíz, frijol, cebada, papa y legumbres.
La entrevista
Luis Fernández Molina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, considera que lo que ocurre en San Miguel Acatán es un llamado de atención a todos los actores del sistema de justicia.
¿Cómo ven la aplicación de una ley paralela en ese municipio?
Estas acciones no están autorizadas, no podemos permitir que se vayan creando bolsones de leyes que son incompatibles con el sistema de justicia. Además, son poco técnicas, exageradas y hasta de contenido casi jocoso. Aparte es el tema del derecho indígena.
¿Ustedes emprenderán alguna acción ante lo acontecido?
Por el momento no, pero si la situación se agrava, debemos tomar alguna acción. El tema es preocupante. Es una llamada de atención a todos los actores del sector justicia para tomar cartas en el asunto.
El argumento de ellos es que no hay justicia.
Es entendible, debido a la presencia muy limitada de las instituciones en el lugar, pero no justificable. Esto es inadmisible.
¿En qué otras comunidades existen similares problemas?
Básicamente estamos hablando de algunos municipios de Huehuetenango. Gracias a Dios, no ha llegado a más, pero el problema es que otras comunidades podrían imitar o tomar este patrón para aplicar su propia ley.
Acatán: una tragedia cómica
Editorial de Prensa Libre
(6 set 06)
Como para comprobar una vez más que en Guatemala se hace realidad hasta la fantasía más absurda, el municipio de San Miguel Acatán, en Huehuetenango, se ha convertido desde hace dos meses en un reinado feudal encabezado por el alcalde Pascual Tomás José, quien para sorpresa de muy pocos pertenece al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y que decidió ante sí y de por sí establecer un toque de queda en el pueblo, con 84 prohibiciones para el ahora muy asustado vecindario.
Los castigos para los ciudadanos “culpables”, según esta nueva legislación sui géneris, incluyen corte de pelo, tareas de limpieza, recibir latigazos en público o hincarse sobre piedras o maíz.
Es prohibido usar prendas que den apariencia de pandillero, jugar de noche al baloncesto e incluso el “incumplimiento a altas horas de la noche” (¿?), quizás en alusión a asuntos del matrimonio.
El pintoresco alcalde, quien se siente orgulloso de tales absurdos, es el mismo que hace algunas semanas capturó a un juez porque este funcionario no castigó con suficiente dureza a dos personas a quienes el jefe de la comuna consideraba un peligro para la comunidad.
Lo ocurrido pone de manifiesto numerosos problemas. Uno, que el llamado “derecho consuetudinario maya” puede ser interpretado de manera irresponsable. Dos, que la autonomía municipal, una conquista indudable del andamiaje jurídico nacional, cuando se pone a la disposición de personas sin suficiente preparación, puede convertirse en la fuente de un feudo sobre el cual ninguna autoridad del país tiene jurisdicción para hacer regresar el orden.
En otras palabras, una interpretación antojadiza hecha por cualquier funcionario del país, puede dar lugar a que en todos los municipios se tomen medidas arbitrarias y oscurantistas como las hoy comentadas.
Resulta entonces urgente revisar el mencionado código, sobre todo en un momento histórico en el cual nadie parece estar dispuesto a obedecer a la autoridad, de lo que son ejemplo los partidos políticos y su burla al Tribunal Supremo Electoral.
La única manera de poner orden es que los vecinos hagan las denuncias del caso, pero en la práctica esto no se cumple por el temor a represalias, y a consecuencia de ello es necesario que el FRG lo cite para ordenarle que deje sin efecto decisiones que le causan grave daño a esa agrupación política caudillista.
Lo ocurrido en Acatán no debe ingresar simplemente en la colección de anécdotas nacionales.
Es muy serio porque está en juego la autonomía municipal, que de ser interpretada en esa forma, se convertiría en el principio del fin del Estado de Guatemala. Lo decidido por el alcalde Tomás José es un caso de estudio para las máximas autoridades jurídicas del país, las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados.
A partir de este momento, todas las instituciones jurídicas, políticas, religiosas y étnicas tienen la obligación de intervenir para explicar que los jefes edilicios no son reyezuelos medievales que pueden disponer a su antojo de la ley y de la vida de los ciudadanos, tal como está ocurriendo en Acatán, para nueva y profunda vergüenza nacional.
(6 set 06)
Como para comprobar una vez más que en Guatemala se hace realidad hasta la fantasía más absurda, el municipio de San Miguel Acatán, en Huehuetenango, se ha convertido desde hace dos meses en un reinado feudal encabezado por el alcalde Pascual Tomás José, quien para sorpresa de muy pocos pertenece al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y que decidió ante sí y de por sí establecer un toque de queda en el pueblo, con 84 prohibiciones para el ahora muy asustado vecindario.
Los castigos para los ciudadanos “culpables”, según esta nueva legislación sui géneris, incluyen corte de pelo, tareas de limpieza, recibir latigazos en público o hincarse sobre piedras o maíz.
Es prohibido usar prendas que den apariencia de pandillero, jugar de noche al baloncesto e incluso el “incumplimiento a altas horas de la noche” (¿?), quizás en alusión a asuntos del matrimonio.
El pintoresco alcalde, quien se siente orgulloso de tales absurdos, es el mismo que hace algunas semanas capturó a un juez porque este funcionario no castigó con suficiente dureza a dos personas a quienes el jefe de la comuna consideraba un peligro para la comunidad.
Lo ocurrido pone de manifiesto numerosos problemas. Uno, que el llamado “derecho consuetudinario maya” puede ser interpretado de manera irresponsable. Dos, que la autonomía municipal, una conquista indudable del andamiaje jurídico nacional, cuando se pone a la disposición de personas sin suficiente preparación, puede convertirse en la fuente de un feudo sobre el cual ninguna autoridad del país tiene jurisdicción para hacer regresar el orden.
En otras palabras, una interpretación antojadiza hecha por cualquier funcionario del país, puede dar lugar a que en todos los municipios se tomen medidas arbitrarias y oscurantistas como las hoy comentadas.
Resulta entonces urgente revisar el mencionado código, sobre todo en un momento histórico en el cual nadie parece estar dispuesto a obedecer a la autoridad, de lo que son ejemplo los partidos políticos y su burla al Tribunal Supremo Electoral.
La única manera de poner orden es que los vecinos hagan las denuncias del caso, pero en la práctica esto no se cumple por el temor a represalias, y a consecuencia de ello es necesario que el FRG lo cite para ordenarle que deje sin efecto decisiones que le causan grave daño a esa agrupación política caudillista.
Lo ocurrido en Acatán no debe ingresar simplemente en la colección de anécdotas nacionales.
Es muy serio porque está en juego la autonomía municipal, que de ser interpretada en esa forma, se convertiría en el principio del fin del Estado de Guatemala. Lo decidido por el alcalde Tomás José es un caso de estudio para las máximas autoridades jurídicas del país, las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados.
A partir de este momento, todas las instituciones jurídicas, políticas, religiosas y étnicas tienen la obligación de intervenir para explicar que los jefes edilicios no son reyezuelos medievales que pueden disponer a su antojo de la ley y de la vida de los ciudadanos, tal como está ocurriendo en Acatán, para nueva y profunda vergüenza nacional.
04 September 2006
Talibanes
Por Dina Fernández
Prensa Libre (4 set 06)
La total ausencia de un Estado de Derecho nos está convirtiendo en talibanes. Linchamos, apoyamos ejecuciones extrajudiciales y ahora hasta proclamamos nuestras leyes particulares para instaurar, a la brava, tribunales de fuero especial.
El caso de San Miguel Acatán, donde el alcalde Pascual Tomás –del FRG tenía que ser– acaba de elaborar una lista de “delitos” por los cuales cualquier persona puede caer en manos de los Comités de Seguridad del pueblo para recibir castigos que van desde “una herida en la mano” hasta quién sabe qué monstruosidad, se pasa llevando la Constitución y la mayoría de principios democráticos.
¡Dios nos libre de pasar por las montañas de Huehue y caer en manos de los acatecos!
De hecho, el juez de Paz del lugar, el licenciado José Estuardo Talavera, ya padeció las consecuencias de esta aberración.
Resulta que la comunidad decidió arrestar a dos muchachos a quienes acusaron de borrachos y de agredir a un policía municipal. Cuando se interpuso un recurso de exhibición personal a favor de los jóvenes y el juez intentó hacerlo valer, el alcalde dispuso secuestrarlo a él también.
De milagro el licenciado Talavera escapó, porque ya hemos visto casos, como en Senahú, donde la gente mata al juzgador a pedradas para cobrarle todos los males del país.
Lo más lamentable del incidente es que la Corte Suprema, pecando de blandengue o de corrección política, no se ha inmutado para defender a este juez que debe regresar a San Miguel Acatán, donde el pueblo, que ya agarró experiencia quemando una estación de Policía, lo espera con el garrote en la mano.
Esta justicia a la talibán nada tiene que ver con el derecho consuetudinario maya descrito en varios estudios. Y aunque la gente clame que se trata de “juicios mayas”, no son aceptables, pues violentan derechos elementales, como la presunción de inocencia o la necesidad de una defensa.
Basta leer la lista de “delitos” establecida en San Miguel Acatán para comprender cuán grave es el problema. Como si fuera una proclama real, el documento lleva impresos todos los sellos de la alcaldía y enumera los delitos uno tras otro, sin tipificarlos ni mucho menos especificar las penas que conllevan.
Así, quedan prohibidos: “problemas de basuras”, “los que juegan basquetbol en altas horas" (¿y si fuera futbol?), “alcoholismo en días hábiles” (para emborracharse, los feriados), “violación en altas horas” (¿y si es temprano?), “ebrio que anda quebrando envases en la calle” (grite, patalee, pero por favor no tire las botellas), “los que usan aretes, pelo largo y tatuajes” (ahora el hábito hace al marero), “quien orina en la calle, parque o mercado” (por cochinos), “el que quiebra mesas de los vendedores” (mejor busque otra cosa), “los que hacen grupos, pandilleros”, (¿alguien dijo libertad de asociación?), “desintegración familiar” (no al divorcio, ordenó el Papa), “controla carros en altas horas de la noche” (cuidadito con asomarse a la ventana), “incumplimiento en altas horas” (pilas, pues, maridos acatecos), “roba caballos, roba pollos, etcétera”, “roba muertos”, “pinta cementerios” y el favorito, “personas abusivas”.
El incumplimiento de la ley y la falta de autoridades –Policía, fiscales, juzgados– tiene desesperada a la gente, especialmente en pueblos como San Miguel Acatán, donde el Estado prácticamente no existe, ni siquiera para velar por la vida y los bienes de los guatemaltecos, que es su obligación primordial.
Urge que la Policía y la administración de justicia lleguen a todos los rincones del país y empiecen a trabajar con eficiencia, pues de lo contrario van a florecer este tipo de proclamas que de un plumazo demuelen la Constitución, con sus libertades y garantías.
Hay que actuar pronto, porque por ahora se han contentado con hincar a la gente sobre maíces y tijeretearles el pelo. Pero no tardan en organizar un pelotón de fusilamiento, y entonces sí vamos a pegar el grito en el cielo, pero será tarde para detenerlos.
Prensa Libre (4 set 06)
La total ausencia de un Estado de Derecho nos está convirtiendo en talibanes. Linchamos, apoyamos ejecuciones extrajudiciales y ahora hasta proclamamos nuestras leyes particulares para instaurar, a la brava, tribunales de fuero especial.
El caso de San Miguel Acatán, donde el alcalde Pascual Tomás –del FRG tenía que ser– acaba de elaborar una lista de “delitos” por los cuales cualquier persona puede caer en manos de los Comités de Seguridad del pueblo para recibir castigos que van desde “una herida en la mano” hasta quién sabe qué monstruosidad, se pasa llevando la Constitución y la mayoría de principios democráticos.
¡Dios nos libre de pasar por las montañas de Huehue y caer en manos de los acatecos!
De hecho, el juez de Paz del lugar, el licenciado José Estuardo Talavera, ya padeció las consecuencias de esta aberración.
Resulta que la comunidad decidió arrestar a dos muchachos a quienes acusaron de borrachos y de agredir a un policía municipal. Cuando se interpuso un recurso de exhibición personal a favor de los jóvenes y el juez intentó hacerlo valer, el alcalde dispuso secuestrarlo a él también.
De milagro el licenciado Talavera escapó, porque ya hemos visto casos, como en Senahú, donde la gente mata al juzgador a pedradas para cobrarle todos los males del país.
Lo más lamentable del incidente es que la Corte Suprema, pecando de blandengue o de corrección política, no se ha inmutado para defender a este juez que debe regresar a San Miguel Acatán, donde el pueblo, que ya agarró experiencia quemando una estación de Policía, lo espera con el garrote en la mano.
Esta justicia a la talibán nada tiene que ver con el derecho consuetudinario maya descrito en varios estudios. Y aunque la gente clame que se trata de “juicios mayas”, no son aceptables, pues violentan derechos elementales, como la presunción de inocencia o la necesidad de una defensa.
Basta leer la lista de “delitos” establecida en San Miguel Acatán para comprender cuán grave es el problema. Como si fuera una proclama real, el documento lleva impresos todos los sellos de la alcaldía y enumera los delitos uno tras otro, sin tipificarlos ni mucho menos especificar las penas que conllevan.
Así, quedan prohibidos: “problemas de basuras”, “los que juegan basquetbol en altas horas" (¿y si fuera futbol?), “alcoholismo en días hábiles” (para emborracharse, los feriados), “violación en altas horas” (¿y si es temprano?), “ebrio que anda quebrando envases en la calle” (grite, patalee, pero por favor no tire las botellas), “los que usan aretes, pelo largo y tatuajes” (ahora el hábito hace al marero), “quien orina en la calle, parque o mercado” (por cochinos), “el que quiebra mesas de los vendedores” (mejor busque otra cosa), “los que hacen grupos, pandilleros”, (¿alguien dijo libertad de asociación?), “desintegración familiar” (no al divorcio, ordenó el Papa), “controla carros en altas horas de la noche” (cuidadito con asomarse a la ventana), “incumplimiento en altas horas” (pilas, pues, maridos acatecos), “roba caballos, roba pollos, etcétera”, “roba muertos”, “pinta cementerios” y el favorito, “personas abusivas”.
El incumplimiento de la ley y la falta de autoridades –Policía, fiscales, juzgados– tiene desesperada a la gente, especialmente en pueblos como San Miguel Acatán, donde el Estado prácticamente no existe, ni siquiera para velar por la vida y los bienes de los guatemaltecos, que es su obligación primordial.
Urge que la Policía y la administración de justicia lleguen a todos los rincones del país y empiecen a trabajar con eficiencia, pues de lo contrario van a florecer este tipo de proclamas que de un plumazo demuelen la Constitución, con sus libertades y garantías.
Hay que actuar pronto, porque por ahora se han contentado con hincar a la gente sobre maíces y tijeretearles el pelo. Pero no tardan en organizar un pelotón de fusilamiento, y entonces sí vamos a pegar el grito en el cielo, pero será tarde para detenerlos.
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